El presidente de la Associació de Veïns del Raval, Josep García, convocó ayer a la prensa para dejar clara su posición respecto al plan presentado el miércoles por el ayuntamiento para acabar con los pisos tapadera de las calles de Sant Ramon y Robador, puntos en los que se concentra un mayor número de prostíbulos ilegales y de pisos patera en la ciudad. García, quien volvió a apuntar la posibilidad de presentarse a las municipales «ante la poca talla de los políticos actuales» – propuesta que ya lanzó hace un año – , tildó el plan de «sorprendente, vergonzoso y electoralista, y de brindis al sol».

Según el líder vecinal, el plan, que a sus ojos únicamente quiere ser «otra operación especulativa del ayuntamiento», no se podrá realizar porque, «por un lado no hay dinero, y, por el otro, la ley no lo permitirá». Además, en el caso de que pudiera realizarse, García afirma que «no lo permitirían». «No vamos a tolerar una expropiación indiscriminada», prosigue el presidente de los vecinos, quien ayer adelantó que harán un buzoneo en la zona afectada para informar a los vecinos de que la asociación «es su casa» y que «sus abogados están a su disposición para impedir las expropiaciones».

El presidente de los vecinos también juzgó irónico que el ayuntamiento obligue a los privados a algo que él mismo no hace. «Hemos pedido en infinidad de ocasiones al distrito que nos diga cuántos edificios tiene vacíos, que los tiene, y varios, y no nos han contestado», apuntó.

Estos vecinos también señalaron que el Raval está lleno de meublés ilegales que ellos llevan años denunciando «sin que nadie haga nada». «Los hay en la ronda de Sant Antoni, en las calles del Carme, Tigre, Paloma, Lluna, Ferlandina, Joaquim Costa y Om. ¿Y quién ha hecho algo? Nadie. Y ahora llegan las elecciones y otra vez se usa a Ciutat Vella como arma electoral», añade enojado.

Por otro lado, el portavoz de los vecinos critica la reciente compra del teatro Arnau – en la acera del Raval del Paral·lel – , por dos millones de euros, «mientras el argumento es siempre que no hay recursos».

DUDAS SOBRE LA LEY DE BARRIOS / En un principio, el ambicioso plan de choque presentado por el ayuntamiento tendría un coste de 20 millones de euros – 10 en rehabilitación y otros tantos en compras de pisos o bloques – , financiados en parte por la ley de barrios. Para García, esta ley en el caso del Raval Sud fue aprobada por el último tripartito y es muy probable que, finalmente, ese dinero no llegue. «Artur Mas ya ha anunciado los recortes», insistió el líder vecinal, quien aseguró que no existe voluntad política de solucionar el problema.