Un menor, de apenas cinco años, juega en las inmediaciones de los cuarteles militares de Bonrepòs i Mirambell, junto a la carretera de Barcelona, ajeno a lo que ocurre a su alrededor. No va mal vestido, pero debería estar en el colegio. Forma parte del grupo de inmigrantes de origen rumano que han estado viviendo dos años en las casas abandonadas que el pasado jueves por la tarde ardieron pasto de las llamas.

Nadie sabe qué pasó, cómo comenzó un fuego que ha devorado las casas, y que obligó a desalojar también los cuarteles militares, ocupados desde hace años por más de 150 extranjeros, la mayoría provenientes del África subsahariana. Ayer, a plena luz del día, el fuego todavía no se había apagado, más de 12 horas después de comenzar a arder. «Hay mucha basura ahí dentro», dicen los bomberos.

Así que a mediodía una excavadora empezó a derribar por encargo de Caixa Rural una de las paredes para que los bomberos pudieran acceder al interior y apagar las toneladas de basura que todavía humeaban, un trabajo que se frenó por la presencia de amianto en las cubiertas y que se retomará el lunes. Las personas que ocupaban las casas esperaban en las inmediaciones una oportunidad de acceder al interior y recoger sus pertenencias. «Tenemos dentro nuestra documentación, ropa y cobre para vender y tener algo de dinero», decía Cecilia, embarazada de cinco meses que aseguraba que había dormido en un parque.

Con la supervisión del aparejador del Ayuntamiento de Bonrepòs y los bomberos, se optó en principio por el derribo de las dos viviendas, que eran propiedad de la Caixa Rural, después de que las hubiera embargado a una promotora que quebró. Con las casas desaparece el techo donde se refugiaban estas familias, con una docena de menores de entre 3 y 17 años.

En los despachos del Ayuntamiento de Bonrepòs y de la Conselleria de Inmigración se trabajó ayer para dar una solución a los inmigrantes que se quedaron, definitivamente, sin casa. «Hemos conseguido una veintena de plazas en centros de acogida que trabajan con extranjeros», aseguraron fuentes de la Conselleria, que acusaron al Gobierno de recortar cada año las ayudas para la inmigración. A última hora de la tarde, miembros de Cruz Roja ofrecían realojos. Mientras, la delegada del Gobierno, Ana Botella, instó por su parte a la Conselleria de Bienestar Social a que se haga cargo de los inmigrantes. «Estas personas, entre ellas menores, viven en condiciones de precariedad, necesidad y malnutrición, y los servicios sociales deberían hacerse cargo de esta población».

Solucionado, a medias, el problema de los inmigrantes de origen rumano que vivían en las casas derribadas, queda buscar una solución para los que viven en los cuarteles. El alcalde Jesús Raga lleva meses buscando alternativas, hablando con la Conselleria y pidiendo que el Ministerio de Defensa se haga cargo de la limpieza de las instalaciones. «El problema es que una parte de la propiedad está repartido entre unas 50 personas, la mayoría del municipio».