La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, suspende la gestión de las Oficinas de Extranjería en Barcelona. En un informe en respuesta a la denuncia planteada por el colectivo de abogados ACPE, Cava de Llano considera insuficiente y poco especializado el personal destinado a estas oficinas, constata retrasos en la tramitación de expedientes y reclama una mejor atención a los inmigrantes.

En respuesta a este informe, la Subdelegación del Gobierno presentará alegaciones bajo la premisa de que la gestión de estas oficinas ha experimentado una gran mejora en los últimos años y prevé implantar la automatización de uno de los trámites más comunes: la renovación de los permisos de trabajo y residencia. La Subdelegación añade que en los próximos meses aumentará en unos 30 funcionarios la dotación de personal de estos centros.

La Secretaría de Estado de Inmigración, en un informe de réplica respecto a la denuncia inicial de ACPE, asegura que no existen retrasos respecto a los plazos legalmente previstos “a excepción de las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales de arraigo”. En el documento se alega que los inmigrantes disponen del silencio administrativo positivo ante plazos dilatados de respuesta a sus solicitudes.