Las víctimas extranjeras de violencia de género y de trata o explotación sexual, podrán obtener un permiso de trabajo y residencia en España por cinco años, y además se suspenderá, si existiese, el procedimiento para su expulsión.

Esta es otra de las regulaciones del Reglamento de la Ley española de Extranjería aprobada en el 2009, pendiente de los informes obligatorios antes de su aprobación definitiva, señaló la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón.

Si al denunciar las agresiones se comprueba la situación irregular de las víctimas de violencia de género, se suspende el expediente administrativo hasta terminar el proceso penal.

Asimismo, cuando se aprecien indicios de esas agresiones o se haya emitido una orden de protección, la mujer extranjera puede solicitar un permiso de residencia y trabajo provisional para ella y para sus hijos menores que se encuentren en España, que serán de cinco años si el proceso ha concluido con sentencia condenatoria.

Los hijos de estas mujeres también podrán acceder automáticamente a este permiso temporal.

Pero si no se han probado estas acusaciones, el procedimiento sancionador seguirá y podría implicar su expulsión.

En el caso de mujeres víctimas de trata, el Reglamento establece el periodo de reflexión de 30 días para decidir si colaboran en la persecución de redes organizadas y la posibilidad de solicitar la residencia y el permiso de trabajo, con una vigencia de hasta cinco años.