Horas antes de que el Congreso acordara cambiar ayer la Ley de Extranjería para ponérselo más fácil a las sin papeles maltratadas, el Consejo de Europa emitía un informe en el que expresaba que esta norma «ha abierto la puerta a la posibilidad de restricciones discriminatorias».

Denunciaba, por ejemplo, que la ley garantiza el derecho a la ayuda a la vivienda en condiciones de igualdad con los españoles «solamente» a los extranjeros con residencia de larga duración. O que el acceso a la educación superior «está restringido» a los que tienen papeles. O que los indocumentados no pueden votar ni ser candidatos en las elecciones a nivel local.

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa hizo público ayer su cuarto informe sobre España (el último se publicó en 2006). En él también se alerta de la existencia de escuelas gueto. Según explicó a EL MUNDO Abdel Hamid Beyuki, miembro del ECRI a título de España, «los expertos ven un aumento preocupante de estas escuelas gueto», en las que llega a haber hasta un 70% de alumnado inmigrante». Madrid y Barcelona son las ciudades en las que proliferan estos centros.

«La ECRI ha recibido informes constantes de la existencia de escuelas gueto de niños inmigrantes o gitanos en algunas partes del país y de prácticas discriminatorias en el proceso de admisión, que permiten a los colegios concertados seleccionar a los alumnos», denuncia el informe.

«El criterio de proximidad, que es el aplicado más comúnmente a la ahora de asignar alumnos a las escuelas, contribuye al problema».