El Gobierno de Canarias hizo suyo ayer el argumento esgrimido desde hace semanas por Coalición Canaria (CC) la fuerza que lo sustenta, y dio instrucciones a sus Servicios Jurídicos para que estudien la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica del Régimen Electoral, que, tras su última modificación, impide votar a los emigrantes canarios para elegir a los representantes de cabildos y ayuntamientos en el Archipiélago.

Así lo anunció el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que detalló que la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral de 28 de enero de 2011 establece que en el caso de elecciones municipales e insulares, así como otras instituciones que “no existen en Canarias”, para poder votar “es indispensable” estar inscrito en el censo de españoles residentes en España.

“Esto elimina la posibilidad de que canarios que viven en otros países puedan votar a cabildos y a ayuntamientos; sin embargo, sí que pueden hacerlo en elecciones generales, Congreso y Senado, o, en el caso del próximo 22 de mayo, al Parlamento de Canarias”, apuntó.

En este sentido, Marrero indicó que con esta ley se está “discriminando” un derecho constitucional como es el del sufragio universal, según a la institución que se vote.

Además, precisó que la norma vulnera el Estatuto de Autonomía de Canarias, que en su artículo 4 “atribuye la condición política de canario a todas las personas que tengan vecindad administrativa, que residan en algún municipio de Canarias, y también a los residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad” en el Archipiélago.

Cabe precisar que en Canarias hay diez municipios donde el voto exterior representa cerca de un tercio de todo el censo electoral. Estas corporaciones locales pertenecen, sin excepción, a la provincia tinerfeña, y entre ellas destaca el municipio de Garafía, en La Palma, donde 1.260 vecinos deciden quién es el alcalde junto a 1.258 emigrantes, lo que reparte al 50% la decisión final.

Negociación sindical.- Por otro lado, Martín Marrero indicó que el Ejecutivo regional ha decidido ampliar hasta el 28 de febrero el plazo para continuar negociando con los sindicatos, en la Mesa General de los Empleado Públicos, la aplicación de las suspensión de las condiciones laborales de los empleados públicos, prevista en los presupuestos autonómicos de 2011.

Plan Canarias.- Marrero también se refirió a la ejecución del denominado Plan Canarias, y pidió una mejora de la “gestión interna” para que resulte “más ágil” la aplicación de sus acuerdos. En cualquier caso, el portavoz señaló que las previsiones de la estrategia para Canarias aprobada por el Consejo de Ministros en octubre del año 2009 se está cumpliendo “razonablemente”.

Reunión con Rubalcaba.- Martín Marrero avanzó también que la próxima semana, previsiblemente el lunes, el presidente canario, Paulino Rivero, y el vicepresidente primero y ministro del Interior del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reunirán en la capital grancanaria para analizar diversos asuntos y afianzar en la lealtad institucional mutua que existe entre ambos gobiernos.