Corresponsal

En contradicción con el Ministerio del Interior y con la Audiencia Nacional, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo bloqueó ayer la expulsión de 15 saharauis llegados en patera a Fuerteventura y a quienes el Gobierno había denegado el asilo político.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ya ha anunciado que acatará la demanda de la Corte y no aplicará la orden de repatriación a Marruecos como medida cautelar mientras Estrasburgo estudia el recurso presentado por la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR). La Audiencia rechazó garantías de este tipo el viernes pasado, pero el Tribunal de Estrasburgo ha decidido intervenir de manera extraordinaria.

Aun así, esto no prejuzga la decisión final sobre si los saharauis deben ser expulsados o no y si corren riesgos en Marruecos. La sentencia de Estrasburgo puede tardar meses, cuando no años, en llegar.

La Comisión de Ayuda al Refugiado se apoyaba en precedentes, ya que el Tribunal ha aplicado las mismas cautelas al examinar otras extradiciones. Ésta es la primera vez que media así en un expediente español. El Tribunal, además, ha sido más ágil que de costumbre en su reacción. Así, en principio, los jueces de Estrasburgo habían solicitado la protección de 13 personas, afectadas por la decisión de la Audiencia el viernes, pero después extendieron su demanda para cubrir a las otras dos que recibieron la misma negativa el lunes.

Según la Justicia española, no se puede considerar a estos inmigrantes como exiliados políticos, ya que «no existen indicios que revelen que las autoridades marroquíes persigan de manera sistemática y generalizada a los saharauis por causa de su origen étnico».

El Tribunal de Estrasburgo, que vela por el cumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales y no tiene ninguna relación con la UE, es muy generoso en la protección del refugiado. De hecho, ya ha bloqueado hasta la expulsión de inmigrantes de un país a otro de los Veintisiete. Según una sentencia del mes pasado, contra el traslado de un afgano de Bélgica a Grecia, la Unión tiene que revisar su política de asilo y mejorar las condiciones de acogida de inmigrantes y refugiados.