La decisión llegó después de que el Tribunal de Derechos Humanos pidiese la paralización de las repatriaciones en tanto no resuelva los recursos presentados.

La decisión llegó después de que el Tribunal de Derechos Humanos pidiese la paralización de las repatriaciones en tanto no resuelva los recursos presentados.

El Ministerio del Interior interrumpió ayer el proceso de expulsión de los inmigrantes saharauis que arribaron en patera a Fuerteventura el pasado 5 de enero. La decisión llegó después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidiese al Gobierno la paralización de las repatriaciones en tanto no resuelva los recursos presentados por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). El tribunal se pronunció sobre 13 de los 15 casos de saharauis afectados, aunque la CEAR confía en que también se detenga la expulsión de los otros dos.

La decisión no pilló a contrapié al Ejecutivo, ya que estaba a la espera de que se resolvieran los recursos de la CEAR en Estrasburgo para hacer efectiva la repatriación. Ello, pese que a la Audiencia Nacional ratificó el pasado viernes y el lunes los argumentos de Interior para denegar la solicitud de asilo a los 15 inmigrantes, que, consideró, no están perseguidos por motivos políticos.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos «no prejuzga» el fondo de la demanda de los saharauis ni valora el eventual peligro que podrían correr si son devueltos a El Aaiún, en el Sáhara Occidental, desde donde partieron junto a otros siete compatriotas rumbo a la costa canaria. Precisamente, estos siete inmigrantes corrieron mejor suerte, ya que Interior atendió a sus reclamaciones y aceptó tramitar su asilo.

El tribunal viene a decir al Gobierno que necesita más tiempo para examinar los recursos de la CEAR después de que la Audiencia Nacional no les diera la razón. Mientras, recomienda detener las expulsiones, solicitud que Interior acatará, según el departamento de Rubalcaba.

Desde la CEAR se congratulan por la decisión y confían en que Estrasburgo sea más sensible a la hora de analizar el riesgo que corren los saharauis si regresan a El Aaiún, donde vivieron el asalto de las fuerzas marroquíes al campamento de Gdeim Izik en noviembre. Por ello, espera que el tribunal considere que son exiliados políticos.