Madrid. La Audiencia Nacional autorizó ayer la expulsión de 13 de los 17 saharauis que llegaron en patera a Fuerteventura el pasado 5 de enero y que pidieron asilo político, al no existir “indicios que revelen que las autoridades marroquíes persigan de manera sistemática y generalizada a los saharauis por causa de su origen étnico”.

Así lo acordó la sección octava de la Sala de lo Contencioso – Admiistrativo en un auto en el que rechaza la suspensión de la ejecución de la orden de salida de España acordada por el Gobierno. La decisión de la Sala, que el lunes resolverá respecto a los otros cuatro saharauis, se produce después de que el pasado miércoles ordenara paralizar la expulsión, prevista para ese día, hasta que se resolviera el recurso que interpusieron contra la decisión de devolverlos a su lugar de origen.

Algunos de los saharauis que recurrieron ante la Audiencia Nacional la decisión del Gobierno alegaron haber estado en el campamento de protesta de Gdeym Izik, desmantelado el pasado 8 de noviembre por la autoridades marroquíes.

El recurso ante la Audiencia Nacional fue interpuesto a través de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) a raíz de que el Gobierno rechazara las peticiones de asilo de esos 17 saharauis, miembros de un grupo de 22 personas llegadas el 5 de enero a Fuerteventura en una lancha neumática y entre las cuales 5 sí han conseguido que se tramiten sus solicitudes de refugio.