La ordenanza de Espacio Público aprobada por el Ayuntamiento de Bilbao, una de las normas que más revuelo social ha provocado en la presente legislatura, ha superado esta semana los cien días en vigor. Además de agrupar todos los reglamentos municipales existentes sobre actividades y actitudes al aire libre, el texto incorpora por primera vez a la legislación local una prohibición explícita de la prostitución callejera que actualmente se cumple a medias. Según el testimonio de las asociaciones vecinales de las zonas más problemáticas, el comercio sexual ‘coche a coche’ ha desaparecido de barrios emergentes y en auge como Miribilla pero funciona a pleno rendimiento en San Francisco, asociada históricamente a estas prácticas. Desde el Consistorio de la villa rechazaron hacer valoraciones respecto a la aplicación del nuevo decreto y sus consecuencias asegurando que «es muy pronto para saber si funciona o no».

Sobre la confección de una legislación que regulara la prostitución comenzó a hablarse en el Ayuntamiento de Bilbao hace ya tres años, pero toda iniciativa ha permanecido en el aire hasta la pasada primavera. Fue entonces cuando el equipo de gobierno reactivó el proyecto anunciando que los intercambios sexuales por dinero en la vía pública iban a ser erradicados. Y sancionados con multas de entre 300 y 3.000 euros. El propósito se incluyó dentro de la macro – ordenanza de Espacio Público, una norma que también legisla, entre otros, el ‘botellón’, la música callejera, el tránsito por aceras a pie, con bicicletas y patines, la venta ambulante o la celebración de actos públicos. Su tramitación estuvo rodeada de polémica y la plataforma ciudadana Kalea guztiona da, que engloba a 70 colectivos bilbaínos, presentó 3.500 firmas pidiendo su retirada al considerar que pretende transformar la capital vizcaína en «un lugar propio de postal». Pese a todo, con pequeños ajustes, la ordenanza se aprobó el 16 de octubre.

Tres meses después, la federación de asociaciones vecinales de Bilbao mantiene que la normativa «no se nota en muchos barrios». Aún así, considera que se extralimita. «Indudablemente hacen falta reglas del juego, pero no se puede regular hasta el aire que respiramos, si paseamos por la izquierda o por la derecha», explicó Javier Muñoz, presidente de la agrupación. «Hay cosas inauditas y que tienen mala pinta, como legislar sobre el reparto de folletos. Todo debe respetar la ley, aunque no hay que pasarse», añadió. Sobre el control de la prostitución callejera, la postura oficial del colectivo bendice la iniciativa municipal: «Hay que llevarla a espacios cerrados, garantizados sanitariamente y dignos», aseguran.

A pesar de este mensaje, la alegría va, nunca mejor dicho, por barrios. En Miribilla, sonríen. Durante los últimos dos años, han venido denunciando la falta de higiene y las fuertes escenas sexuales que se producían diariamente a ojos de todo el mundo. Ahora, «el problema está aparentemente solucionado», detalla Carlos Gómez, portavoz del colectivo vecinal de la zona. Las prostitutas «se han trasladado a pisos de Zamakola», apunta Gómez, quien, a pesar de todo, admite que «la prueba de fuego la tendremos cuando vuelva el calor».

La cruz de esta historia la siguen cargando en San Francisco. «No es tan descarado como antes, pero aquí se sigue tolerando lo intolerable», lamenta Ángel María Tejedor, portavoz del Movimiento Ciudadano del barrio. No habla sólo de sexo. «Hay trapicheos, gente con órdenes de expulsión apostada en las calles y locales sin insonorizar que abren hasta las tantas», puntualiza contrariado. «Hay presencia policial, pero parece que no hacen lo que deben. No tocan nada, quieren mantenernos como un gueto», señala con amargura.

Jóvenes, ilegales y con hijos

Según los últimos datos aportados por Askabide, asociación sin ánimo de lucro que ofrece apoyo a las prostitutas de Bilbao, unas 800 mujeres viven del comercio sexual en Vizcaya. La mayoría trabajan en pisos ubicados en el centro de la villa para evitar los peligros de ejercer al aire libre, aunque unas 40 se reparten aún entre San Francisco, la calle Cortes y, esporádicamente, la parte baja de Miribilla. El perfil de la persona que ofrece este tipo de servicios retrata una mujer joven – de unos 35 años – , inmigrante – el 60% procede de Sudamérica – que reside en España de forma irregular y mantiene cargas familiares en su país de origen.