La venden como una convocatoria prometedora. Ofrecen el ingreso en una red de venta piramidal con la que cada socio puede meterse en el bolsillo «hasta 80.000 euros». Si alguno pica, comienza un goteo de pequeños desembolsos. Primero, 47 euros por hacerse socio del negocio redondo. Y luego, otros 100 para acometer el pertinente curso formativo. Varias asociaciones de inmigrantes asentadas en el País Vasco han recibido la invitación de una compañía vizcaína para enrolarse en esta confusa aventura empresarial.

Bajo la proposición de despachar productos «de primera calidad» y «sin intermediarios», cada nuevo miembro debe captar a su vez otros asociados. Se supone que cuantos más reclute, mayores ingresos percibirá de sus transacciones a una tercera hornada de participantes. En realidad, el controvertido sistema hace años que funciona, sólo que las dudas y las quejas generadas limitaron a la mínima expresión su influencia entre la población autóctona vasca. «Parece que ahora lo están intentando con un sector muy afectado por la crisis y necesitado de dinero, desesperado incluso», describen fuentes policiales. Lo cierto es que en los últimos días y durante la próxima semana, varias agrupaciones de inmigrantes ubicadas en el territorio de Álava han sido invitadas a conocer este sistema de trabajo mediante charlas.

Según ha podido saber este periódico, en las reuniones ya mantenidas, los responsables de la firma – que dicen representar a una gran compañía de origen estadounidense – les han hablado de cuatro gamas de productos que incluyen limpieza, menaje, belleza y nutrición. Con «un riesgo financiero cero», les prometen ingresos seguros y sencillos. Sin embargo, el nuevo asociado estrena su condición con la entrega de 147 euros. Con ellos tiene acceso al catálogo de objetos y a un cursillo de técnicas de venta.

Práctica difícil de penar

«Nos citaron en un hotel y nos empezaron a explicar todos los parabienes de su negocio de venta. Había más personas de otros grupos. Alguno ‘picó’ enseguida, pero desde el principio no lo vimos claro», describen varios de los sondeados. «Va a ser una explosión, nos prometieron», agrega otro de los presentes en este encuentro.

Fuentes policiales subrayan que se trata de «una práctica difícil de penar, salvo que alguien de dentro denuncie algún tipo de estafa». En este punto, extranjeros que acudieron a las citas arrojan un dato a tener en cuenta. «Nos explicaron que no hace falta declarar nada ni hacer contratos, a pesar de que existe la posibilidad de ganancia económica».

Según otra persona que asistió a una de las reuniones, alguien preguntó si era posible este negocio con la recepción de ayudas sociales, a lo que le respondieron que se podía arreglar mediante un «contrato como consumidor» y que de esa manera no había ninguna posibilidad de que se las retiraran. «Nos sonó muy raro, la verdad», recuerda el testigo. Fuentes policiales consultadas por EL CORREO advierten de que «este extremo, de confirmarse, no sería más que una mera treta que no tendría ninguna validez».