S. OLLER – Girona
Hechos, no palabras, pedían muchos de los manifestantes que el pasado sábado asistieron a la manifestación unitaria en Salt a favor de la convivencia, cansados de muchas promesas incumplidas. Los gobiernos catalán y español se reunirán este jueves para abordar conjuntamente el problema después de que ambas administraciones hayan planteado en los últimos días algunas acciones para evitar la exclusión social.

Si hace un par de días la secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, explicaba que el Estado invertirá dos millones de euros en un plan piloto para combatir la exclusión provocada por el paro, el desarraigo y la escasez de recursos en varios municipios catalanes, entre ellos Salt, ayer fue el conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, quien, en declaraciones a RAC 1, insistía en la necesidad de un plan de choque en el que se debería recuperar la figura de los educadores de calle. Actualmente, Salt dispone de un trabajador social y un educador que no hacen funciones exclusivamente de calle para cada uno de los cinco distritos en que se divide el municipio, así como seis agentes cívicos y un plan de ocupación de diez monitores que ayudan en las tareas del único educador de calle que hay en Salt. También dispone de tres mediadores de comunidades de propietarios que trabajan para solucionar los conflictos que surgen en el día a día entre los inquilinos de los bloques de pisos. La crisis ha agudizado estos conflictos y la cifra de tres mediadores y educadores es del todo insuficiente.

Durante esta semana está previsto que el conseller de Benestar Social se reúna también con la alcaldesa de Salt, Iolanda Pineda, para concretar las medidas específicas que necesita el municipio y que, según Cleries, podrían dar sus primeros frutos en quince días. El plan girará alrededor de grandes ejes como urbanismo, educación y seguridad. La instalación de una treintena de cámaras de videovigilancia en puntos conflictivos del municipio – pendiente del visto bueno de la comisión de Videovigilancia de Catalunya-y la construcción de la comisaría regional de los Mossos son algunas de las medidas que, según Pineda, mejorarían la seguridad en las calles de Salt. Precisamente ayer, el pleno municipal aprobó la cesión de una finca a la Generalitat para la construcción de la comisaría, cuyas obras debían empezar este año. No obstante, el conseller de Interior, Felip Puig, aseguró hace unos días que el actual escenario económico obligaba a revisar el proyecto.

El plan Salt 70 de la ley de Barrios supuso una inversión de más de 15 millones para el municipio, sobre todo en temas urbanísticos. El Ayuntamiento ha pedido una continuidad de este plan que profundiza ahora en temas como la ocupación de la mujer o la seguridad.