“hay 500.000 personas en situación de emergencia habitacional en Buenos Aires que viven en las villas, en conventillos o en la calle”, dictamina Rafael Atuati, miembro de una asociación que colabora en la resistencia de desalojos de casas tomadas (ocupadas). Otra cifra igualmente esclarecedora son las 20.000 personas que acaban en la calle cada año. Muchas optan por ocupar una vivienda abandonada, aún a riesgo de un posible desalojo. Las casas tomadas (ocupadas) han ido en aumento desde los 90, cuando apenas alcanzaban las 3.000. El año pasado ya superaban las 12.000. Esta situación ya estalló el pasado mes de diciembre, tras el violento desalojo de las 200 familias que ocuparon el Parque Indoamericano que causó dos muertos. En el centro de la ciudad, el problema no desaparece. El perfil de los ocupantes varía, pueden ser inmigrantes , personas de bajos recursos o jóvenes que apoyan la ocupación, desafiando al Gobierno. Desde hace años, organizaciones como Por el derecho a vivir en la Ciudad se han dedicado a ayudar a las personas con problemas de acceso a una vivienda, desde orientarles en los reclamos al gobierno para un subsidio hasta tapiar una puerta para dificultar su expulsión. Y no pierden el tiempo ante un inminente desalojo. El proceso es rápido: “Alguien da el aviso y comienza una cadena de llamadas. Llenamos la casa de gente, también en el exterior, con banderas y pancartas, y llamamos a los medios de comunicación”, describe Atuati. “En alguna ocasión han venido diputados de izquierda porque tienen inmunidad de arresto, y las asambleas barriales también solían apoyarnos”, recuerda a su vez el letrado Gerardo Etcheverry, perteneciente a la LIGA por los Derechos del Hombre. De esta manera, aseguran que han logrado frenar varios desalojos. “Cuando la policía ve que la única forma de sacarnos es por la fuerza, ofrecen una audiencia de mediación”, continúa el sociólogo. No siempre funciona. “Cuando ya es imposible postergarlo, intentamos que las familias accedan a un subsidio de entre 4.000 y 7.000 pesos (800 y 1400 euros)”, explica Atuati.

los desalojos “Los desalojos se hacen de forma violenta, compulsiva, las personas que son desalojadas pasan a situación de calle o tienen que irse de la ciudad, es un proceso de expulsión de los pobres”, condena Atuati. “También son frecuentes otro tipo de desalojos ilegales”, denuncia el sociólogo, “sin una orden judicial o el dueño envía a sus grupitos, muchas veces vinculados a barrabravas (hinchas), que sacan sus cosas a la calle y ponen un candado”, critica el sociólogo.

Como contraparte de estos grupos de resistencia de casas tomadas, se suceden las denuncias de grupos parapoliciales o barrabravas (hinchas deportivos) contratados por un propietario que usan la fuerza para echar a los habitantes de los edificios abandonados. Otros van más allá. Varias organizaciones (como Proyecto 7 o En la Calle) y medios locales han denunciado la actuación del denominado grupo Higiene Urbana, que se dedicaba a robar mantas y colchones a los mendigos que viven en plazas y jardines. Incluso el Observatorio de Derechos Humanos denunció al gobierno de Buenos Aires, presidido por Mauricio Macri de “criminalizar la pobreza”, debido a la expulsión sistemática de gente sin recursos en las zonas en las que se retransmitían en una pantalla gigante los partidos del Mundial.

Este tipo de acciones, según explican las organizaciones, se llevó a cabo durante un tiempo por la UCEP (Unidad de Control del Espacio Público), “una fuerza parapolicial que el gobierno utilizó para sacar a todas las personas que ocupaban las plazas”, denuncia Atuati.

¿Cómo defender a alguien acusado de usurpación? Aunque a primera vista resulte chocante, existen varias vías de defensa legal. Tal y como explica el letrado Gerardo Echeverry, si se logra denunciar un desalojo ilegal, quien comete el delito de usurpación es el propietario. “Ayuda bastante a la hora de defender a los acusados”, comenta el abogado.

las defensas Una de las defensas posibles es tratar de mostrar que las personas que habitan el inmueble son poseedores, “que están desde hace más de un año tratando de hacerse propietario del inmueble, pagando impuestos, haciendo mejoras”, analiza Etcheverry. Si se trata de tenedores, es decir, quienes pagan un alquiler, entonces se presenta una denuncia penal por usurpación. “En este caso hay que ayudar a que no se demuestre que son usurpadores”, concluye el letrado.

Dentro de las causas de la emergencia habitacional en Buenos Aires se mezclan orígenes económicos, políticos y sociales. Según el abogado Gerardo Etcheverry, la especulación inmobiliaria marcó en gran parte la evolución de los desalojos por la ciudad: “En los 90 se transformó el mercado central del Abasto (en el centro de la ciudad) en un shopping, lo que provocó una intensificación de los desalojos porque no querían que estuviese rodeado de familias pobres. En la actualidad, los desalojos se concentran en los barrios del sur de Capital Federal ya que se intenta que esta parte de la ciudad retome valor. Asimismo, algunos propietarios que antes solían alquilar, ahora echan a todos los inquilinos para poder vender el inmueble completo y ganar más dinero”.