Un día después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) suspendiera cautelarmente la prohibición del burka en las instalaciones municipales de Lleida, la Generalitat se alineó ayer con el Ayuntamiento de la ciudad al ver con «buenos ojos» el veto a esta prenda. Su portavoz, Francesc Homs, afirmó que el Gobierno catalán es «contrario a la utilización» del burka, que «se presenta como un signo de identidad pero que violenta los valores esenciales de nuestra vida de convivencia democrática». Homs recordó que la decisión del TSJC es una «medida cautelar y no definitiva». Por su parte, la Comisión Islámica de España considera que las mujeres musulmanas deben mostrar el rostro para identificarse al entrar en espacios públicos.