La Audiencia Provincial de Logroño suspendió ayer el juicio contra el empresario logroñés D.C.F., al que el fiscal pedía tres años de prisión tras acusarle de un delito continuado de estafa contra nueve inmigrantes de Bolivia y Colombia, a los que prometió su regularización a cambio de dinero.
Al parecer, la letrada de la acusación particular advirtió a los magistrados de la existencia de un segundo caso en el Juzgado de lo Penal, en el que también se acusa al mismo empresario de haber realizado un procedimiento similar de estafa contra otros inmigrantes. Por este motivo, la Audiencia decidió ayer unificar las dos causas y juzgarlas de manera conjunta los próximos días 28, 29 y 30 de marzo.
D.C.F. solicitaba a los extranjeros en situación irregular cantidades de entre 200 y 500 euros para proceder a tramitar sus papeles de regularización. Hacía constar en los documentos que los contrataba para su propia empresa, a sabiendas de que iban a ser rechazados porque tenía deudas con Hacienda y la Seguridad Social.