EL RECURSO a la violencia debería estar erradicado de una sociedad democrática y tolerante como la española, donde existen la libertad y los cauces legales suficientes para dirimir los conflictos sin apelar a la fuerza o la coacción. No es esto lo que ha sucedido en Murcia en las últimas semanas, en las que la legítima y en cierto modo ejemplar decisión del Gobierno regional de proceder a una serie de medidas de austeridad respecto a los funcionarios ha sido acogida con una escalada de contestación y de violencia.

Esa escalada culminó el pasado sábado con la brutal agresión a Pedro Alberto Cruz, consejero de Cultura, que fue golpeado con un puño de acero a las puertas de su domicilio. Ayer la Policía detuvo a un ultra de extrema izquierda, al que se le acusa de ser el autor material de la agresión contra Cruz.

Todo empezó el pasado 22 de diciembre con una manifestación contra el Gobierno de Murcia que acabó en un intento de agresión a un senador del PP y el secretario del Consejo de Presidencia. Ese día comenzó una espiral de protestas ante la sede del Ejecutivo y de la Asamblea, que fueron acompañadas de actos de intimidación, amenazas e insultos contra los consejeros y sus familiares, y en los que intervinieron cargos socialistas y líderes sindicales.

Lo primero que hay que reprochar es la tardanza en reaccionar del delegado del Gobierno en Murcia, Rafael González Tovar, que calificó de «incidente mínimo» ese intento de agresión y mantuvo una actitud pasiva hasta que Pedro Alberto Cruz fue brutalmente agredido hace cuatro días. Debería dimitir por esa incapacidad para cortar la escalada de violencia.

Pero como ya dijimos en el caso de atentado de la congresista de Arizona, los únicos responsables de la agresión contra el consejero son los autores materiales: el ultra de izquierdas detenido ayer y sus cómplices. No cabe señalar al PSOE ni a ninguna otra organización política o sindical como instigador directo del ataque concreto contra Pedro Alberto Cruz, aunque sí contribuyó al clima que propició dicha agresión.

Se impone una reflexión sobre la génesis de estos actos violentos, que son todavía una excepción en la sociedad española pero que podrían empezar a proliferar si las fuerzas políticas no hacen un esfuerzo para erradicar esas actitudes de agresividad e intolerancia.

No es exagerado decir que la sociedad española está perdiendo los valores de centralidad y moderación que caracterizaron la Transición, mientras pequeños sectores de extrema izquierda y de extrema derecha van ganando adeptos en el contexto de una crisis económica que ha dejado indefensas a millones de personas. Ello es especialmente perceptible en el seno de la izquierda, donde el desmoronamiento de la socialdemocracia ha favorecido el rebrote de un sector radical y antisistema que no desdeña el uso de la violencia. Pero también en la derecha parece renacer un sector fanatizado, muy en línea con el autoritarismo del franquismo.

Lo cierto es que estamos asistiendo en nuestro país a un deterioro de la credibilidad de los dos grandes partidos, cuyos mensajes son acogidos con escepticismo mientras afloran peligrosas tendencias centrífugas. Éste es el caldo de cultivo de esas actitudes violentas, xenófobas y fanáticas.

El antídoto contra esta enfermedad pasa, en primer lugar, por una tolerancia cero de los partidos no ya sólo ante los actos de violencia sino, sobre todo, contra la creación de situaciones de confrontación extrema y de denigración del adversario hasta transformarlo en enemigo. Esto no puede tener cabida en la política y debería conllevar un compromiso del PSOE y del PP de no estimular dinámicas de acoso que luego acaban en estallidos incontrolados de odio y venganza.