BÀRBARA JULBE – Girona

OTRAS CIUDADES Los socialistas han aprobado iniciativas similares en l’Hospitalet y Salt

EL ARGUMENTO El PSC sostiene que el problema planteado por el PP no existe en Girona
El pleno del Ayuntamiento de Girona rechazó anoche una moción presentada por el Partido Popular en la que reclamaba al Gobierno que los consistorios puedan impedir el arraigo social y la reagrupación familiar a los inmigrantes que vulneren las ordenanzas de civismo. La moción obtuvo sólo los votos a favor de los populares, mientras que CiU se abstuvo y el gobierno municipal – liderado por el PSC en coalición con ERC e ICV-votó en contra.

De esta forma, la iniciativa quedó rechazada a pesar de que los socialistas han impulsado mociones similares – que se han aprobado-en el Ayuntamiento de l´Hospitalet de Llobregat, encabezado por la alcaldesa del PSC, Núria Marín, y el de Salt, liderado por la socialista Iolanda Pineda. También, entre otros, el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, del mismo partido, ha defendido esta medida.

El portavoz del PSC en el consistorio gerundense, Joan Pluma, señaló que la diferencia de voto con las otras poblaciones no supone “ninguna incongruencia” porque la problemática de Girona “no tiene nada que ver” con la del municipio vecino de Salt. “A falta de una normativa común, hay que afrontar la situación en clave local”, advirtió el concejal.

Por su parte, la presidenta del grupo municipal del PP, Concepció Veray, afirmó que “una vez más el tripartito de Girona se dedica a minimizar los problemas derivados del fenómeno de la inmigración y, en cambio, se afana en destacar cada vez que se habla de este tema que en la ciudad no ocurre nada”. Veray aseguró, sin embargo, que existen problemas de convivencia en los barrios colindantes a Salt.

La moción proponía solicitar al Gobierno que el reglamento de la ley de Extranjería establezca la necesidad de un informe de residencia emitido por el Ayuntamiento, en el que se especifiquen las infracciones de las ordenanzas municipales que regulen la convivencia y/ o el civismo. El escrito reclamaba, además, que el Consistorio tenga potestad para comprobar la existencia de infracciones a las ordenanzas cívicas para que se tenga en cuenta en relación con las solicitudes de arraigo y de reagrupación familiar.

En las últimas semanas, otros municipios catalanes también han aprobado mociones en este sentido. Es el caso de Badalona, en que el Ayuntamiento aprobó una enmienda del gobierno municipal – formado por PSC, CiU y ERC-a una moción del PP. Sin embargo, este texto no especifica que los informes deban ser vinculantes y no hace referencias a la reagrupación familiar, ya que el grupo socialista consideró ilegal impedir la reagrupación familiar. Además, esta moción badalonesa reclama penalizar a los extranjeros con sanciones firmes por “infracciones graves, muy graves o reincidencia” de cualquiera de las ordenanzas municipales, no sólo las de civismo.

En otro caso, el gobierno de CiU en el Ayuntamiento de El Vendrell aceptó en el pleno que sea el Consell Municipal per a Convivència i el Civisme el que ponga a debate si el comportamiento de los extranjeros debe ser tenido en cuenta para obtener el permiso de residencia por arraigo. Por el contrario, en Igualada el pleno del Ayuntamiento rechazó la moción presentada por el PP para impedir la reagrupación y el arraigo de los inmigrantes incívicos de la ciudad.