El artículo 14 de la Constitución dice que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión”. Una caja en la que se han metido leyes y reglamentos durante las últimas tres décadas.

Sin embargo, el Gobierno ha considerado que el precepto constitucional necesita ser desarrollado y ampliado con la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación (LIT) cuyo anteproyecto aprobó ayer el Consejo de Ministros. En este primer boceto, el Ejecutivo prevé la ampliación de los motivos de discriminación y la creación de un organismo gubernamental que vigile su cumplimiento.

Esta especie de defensor del ciudadano nacerá de la fusión de varias instituciones, como las subdirecciones para la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación y la de Igualdad de Trato o el Observatorio de Racismo y Xenofobia, entre otros.

Fórmulas de conciliación

Su objetivo será el de asistir a los afectados y promover fórmulas de mediación o conciliación entre las partes con su consentimiento. Para su creación, según fuentes gubernamentales, se tomará como ejemplo al Defensor del Pueblo aunque con matices. Mientras la institución que preside María Luisa Cava de Llano intercede entre administraciones y ciudadanos, este nuevo organismo tratará diferencias entre particulares y empresas.

Además, no será necesaria una denuncia de la parte afectada y podrá actuar de oficio si se percata – por ejemplo, a través de un medio de comunicación o el informe de una ONG o un sindicato – de que se está discriminando a alguien por el peso, el físico o cualquier otra circunstancia. El máximo responsable de esta autoridad tendrá un mandato superior a una legislatura y su elección requerirá el consenso de los partidos mayoritarios.

El texto gubernamental establece la igualdad de trato en diferentes ámbitos como en el de los partidos, sindicatos, la educación, la salud, los servicios sociales o el acceso a la vivienda.