El Gobierno anunció ayer el arranque del proceso que permitirá la aprobación en España de una ley para la igualdad de trato, que velará por la no discriminación por motivos de raza, enfermedad, religión, edad, sexo o cualquier otro. Sin que se haya apagado aún la controversia suscitada con la norma que prohibe fumar en bares y discotecas, la polémica está de nuevo en la calle. Asociaciones gitanas y de homosexuales recibieron con entusiasmo la noticia, que fue entendida por otras agrupaciones más conservadoras, como Hazte Oír, como «una persecución a quien disiente del dogma progre – laicista», del Gobierno central.

El Consejo de Ministros estudió ayer, en una primera lectura, el anteproyecto de ley integral de Igualdad de Trato, que busca identificar las formas de discriminación, mejorar la cobertura legal a quien la sufre y sensibilizar a la ciudadanía para que sea más tolerante. La norma busca «construir una sociedad que no humille a nadie» y que «no permita que nadie sea humillado», anunció la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín. «Una sociedad donde sentirse seguro y, sobre todo, sentirse amparado por la ley», dijo la ministra en alusión a las infracciones que en ella se contemplan, catalogadas como leves, graves y muy graves y sancionadas con multas de diferentes cuantías.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales valoró positivamente el proyecto porque, según dijo, la ley aportará «universalidad al proteger por igual a toda la ciudadanía». La Fundación Secretariado Gitano la consideró «muy necesaria en estos tiempos de crisis». Para la organización Hazte Oír, por contra, está será «la ley de la Inquisición de los políticamente correctos».