pamplona. Directores de más de un centenar de centros públicos de Infantil, Primaria y Secundaria (integrados en las asociaciones Adipna y ADI) y la federación de enseñanza de CCOO abogan por establecer un tope de matriculación del alumnado desfavorecido o con necesidades educativas especiales para evitar que se formen centros gueto. Esta es una de las enmiendas que presentará CCOO al borrador de orden foral de admisión del alumnado, que se debatirá el 11 de enero en el Consejo Escolar de Navarra. Pero no será la única. Este sindicato pedirá a través de otras tres enmiendas, que también tienen el respaldo de dichas asociaciones, aumentar la ponderación en el baremo del apartado de proximidad al domicilio, proporcionar recursos adicionales a los centros que atienden a mayor número de alumnado con necesidades específicas y aumentar de 2 a 4 plazas la cuota de reserva para la matriculación de estos escolares.

El objetivo de estas iniciativas es avanzar en una distribución equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (sobredotación, necesidades especiales, inmigración con desfase curricular, desfavorecidos por motivos económicos…) entre los centros sostenidos con fondos públicos. “Desde 2007 el procedimiento de admisión impide un reparto equilibrado de esos escolares y consideramos que es necesaria una reforma en profundidad de las normativas de escolarización y de conciertos”, afirmó ayer el secretario de la Federación de Enseñanza de CCOO, Jos Elizalde, que destacó que el nuevo decreto de escolarización, aprobado el 21 de diciembre por el Consejo Escolar, “es una operación de maquillaje que no sirve para resolver los problemas de fondo sino se adoptan otras medidas adicionales”.

nuevo decreto “insuficiente” El nuevo decreto amplía la composición de la Comisión General de Escolarización, hasta ahora formada por personal técnico del departamento, y la abre a la participación social al incluir a representantes de las familias, de los equipos directivos y del profesorado. “Es insuficiente. Las comisiones locales ya tienen una composición similar y no pueden intervenir eficazmente sobre el reparto del alumnado”, señaló Elizalde para añadir “se ha visto con la de Tudela, la única que ha estado activa en estos años, que ha tenido las manos atadas para promover una escolarización más equilibrada”.

En este sentido, según apuntó el responsable de CCOO, "no sólo no se ha repartido sino que “se ha constatado un claro retroceso de la corresponsabilidad de los centros concertados”. En 2007, los centros públicos tudelanos acogían al 90% del alumnado con necesidades educativas específicas y ahora reciben el 92%. En Secundaria se ha pasado del 70% al 85%.

En lo que respecta sólo al alumnado extranjero, el 80% de los 9.000 escolares que estudian en la Comunidad Foral acude a la red pública y el resto, a la concertada. “Cuarenta centros públicos tienen un porcentaje superior al 25%, de ellos 24 superan el 40% y ocho el 80%. Además 18 de esos colegios están en Pamplona y la Comarca”, destacó Elizalde, quien añadió que “la concentración de ese alumnado es inevitable en las zonas rurales, donde la red pública constituye la única oferta, pero no en las zonas urbanas donde existen las dos redes”.

más recursos Ante esta situación, Comisiones Obreras, con el respaldo de las asociaciones ADI y Adipna, presentará varias enmiendas al borrador de orden foral de admisión (que desarrolla el decreto de escolarización) para tratar de lograr un reparto más equilibrado. Lo hará el próximo 11 de enero en el Consejo Escolar de Navarra.

En una de las enmiendas pedirán que se marque un tope de matriculación de estos escolares para evitar centros 0gueto. “Establecer un porcentaje umbral del 20% de integración del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y una vez superado este índice el centro será considerado de Atención Preferente y recibirá recursos personales y económicos adicionales”, dice una de las enmiendas. En otra exigirán incrementar de 2 a 4 plazas (de las 25 plazas de Infantil y Primaria) la cuota de reserva para la matriculación del alumnado desfavorecido o con necesidades educativas específicas en todos los centros sostenidos con fondos públicos.