El titular del Juzgado de lo Social número 7 de Bilbao ha desestimado la denuncia por despido improcedente interpuesta contra el Gobierno vasco por los 23 trabajadores de Heldu. El servicio jurídico de atención a inmigrantes sin papeles fue creado en 2002 por el departamento dirigido por Javier Madrazo mediante un sistema de convenios con los colegios de abogados del País Vasco, y la actual consejería de Asuntos Sociales lo suprimió este verano, cuando expiró el acuerdo con la sociedad que lo gestionaba, (Proyectos Jurídicos S.L.).

El magistrado basa su dictamen en la jurisprudencia del Tribunal Supremo para advertir que los empleados no fueron despedidos de forma irregular ya que existe un contrato de obra entre el Ejecutivo autónomo y la entidad que gestionaba Heldu limitado en el tiempo – hasta el pasado 15 de julio – , momento en que no fue renovado. Los trabajadores ya han anunciado que presentarán un recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior.

La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, justificó en su día el cierre del servicio al entender que la sociedad que lo gestionaba fue contratada de forma irregular por el anterior Ejecutivo tripartito. En Heldu, denunció Zabaleta, «concurren numerosos elementos que vulneran las normas de contratación del propio Gobierno; este factor nos imposibilita continuar como hasta ahora, y cualquier intento en ese sentido no hubiera podido prosperar».

Hasta su clausura, Heldu había atendido a unas 40.000 personas y tramitado 33.608 expedientes en los tres territorios, más la mitad en Vizcaya. El cierre provocó el rechazo de numerosos estamentos, que mostraron su temor por la «situación de indefensión» en la que podrán quedar los inmigrantes. Entre las voces que reclamaron la reapertura del servicio se encontraba el Ararteko, Íñigo Lamarca; la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), las Juntas Generales e, incluso, el presidente del Tribunal Superior del País Vasco, Juan Luis Ibarra, expresó ayer su «preocupación».