EL BARÓMETRO de Opinión Pública de Andalucía, confeccionado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), dependiente del Consejo superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y presentado la pasada semana, cifra la oposición de los andaluces a la inmigración en un 59,3 por ciento, es decir, en seis de cada diez ciudadanos de la comunidad autónoma. Una tasa tan alta es el resultado de un continuo crecimiento que viene produciéndose desde 2005, con la excepción registrada en 2009, y llama más la atención si se considera que sólo un 18,3 por ciento de esa población considera el fenómeno como un hecho social «más bien positivo» y que un porcentaje similar se muestra indiferente ante él y sus consecuencias. La gravedad de esos datos encuentra explicación en el enorme paro que soporta nuestra sociedad el más alto de España, pero cuestiona el buen sentido de un pueblo que no hace tanto tiempo fue, a su vez, inmigrante en masa.