Entre 35 y 50 migrantes centroamericanos han sido secuestrados por el crimen organizado en Chahuites, en el sur de México, cuando viajaban en el tren de mercancías que cruza el país hacia EEUU.

Hombres armados detuvieron el ferrocarril con piedras en las vías y disparos y se llevaron a una veintena de hombres, 15 mujeres y cinco menores. Otros 18 polizones lograron escapar y 13 de ellos han declarado ante las autoridades.

Las cancillerías de El Salvador, Honduras y Guatemala exigen el esclarecimiento de los hechos. “Este problema no se puede afrontar ignorándolo sino reconociéndolo y profundizando las investigaciones. El único delito de los migrantes es buscar una oportunidad en otras latitudes”, declaró ayer el ministro de Exteriores de El Salvador, Gustavo Abadía. La tragedia se conoció a raíz de la denuncia del consulado salvadoreño. En un primer momento, el Instituto de Migración mexicano lo negó.

El padre Alejandro Solalinde, que regenta el albergue Hermanos en el Camino en la ciudad de Ixtepec cercana a donde tuvo lugar el secuestro acusa a los policías de la zona de ser cómplices de la mafia de tráfico de personas y subraya que toda la frontera sur está controlada por un grupo del cártel de Los Zeta, la Mara 13 (originaria de El Salvador y Honduras) y bandas de delincuentes locales.

Si pagan el rescate, serán vejados. Si no pagan, pueden ser masacrados

“Estos casos son el pan nuestro de cada día en el Golfo. Pero de este lado del país no lo eran”, subraya.

El Gobierno mandó un operativo a la zona para aclarar los hechos, pero para el Padre Solalinde fue una “vacilada”, porque cuando llegaron a la casa en la que, según los testigos, se había encerrado a los secuestrados, los delincuentes ya estaban avisados y la casa estaba “limpia”.

Los migrantes en tránsito por México viven una situación de alta vulnerabilidad por su calidad de indocumentados y a menudo son víctimas de la extorsión policial y del crimen organizado.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró 1.600 secuestros de migrantes al mes en 2009.
Entre 3.000 y 5.000 dólares

Los indocumentados abordan el tren en marcha arriesgándose a sufrir accidentes mortales porque es la única manera de evitar los controles de migración. Pero en los últimos años, la Bestia como se le llama al ferrocarril sufre frecuentes asaltos. “Ahora este camino es horrible”, narra un migrante hondureño que fue testigo del incidente y que prefiere mantener el anonimato. Él se salvó junto a su hijo y otros 16 compañeros de viaje, porque al oír los disparos lograron correr y esconderse en el bosque.

Los demás hombres, mujeres y niños ya están siendo extorsionados, según ha podido saber Solalinde. El crimen organizado pide rescates a las familias de los migrantes en EEUU o en sus países de origen, que oscilan entre los 3.000 y los 5.000 dólares. Si lo pagan pueden ser liberados, eso sí, golpeados y vejados ellos, y violadas ellas. Si no, pueden verse obligados a integrarse en el crimen organizado. Y si se niegan, pueden correr la misma suerte que los 72 que fueron masacrados en Tamaulipas el pasado agosto.