Bilbao. El portavoz de la Diputación Foral de Bizkaia, Juan Mari Aburto, denunció ayer que el Gobierno vasco no ha remitido a la institución foral el dinero correspondiente a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) de noviembre, cuya cantidad asciende a casi 17 millones de euros. La Diputación alavesa, por su parte, lleva dos meses haciéndose cargo del presupuesto que le corresponde asumir al Ejecutivo vasco. “La situación es grave y no entendemos que se haya producido sin un previo aviso y no sabemos a dónde puede llegar”, lamentó el diputado foral.

Aburto valoró la situación creada tras el recorte por parte de Lakua de las 6.200 ayudas – 4.700 corresponden a familias vizcainas – , aduciendo que los beneficiarios no cumplen el requisito de estar inscritos en los servicios públicos de empleo, por lo que no cobrarán esta prestación en diciembre. “Esta medida es totalmente discriminatoria, porque van a ser los ciudadanos vizcainos los que se van a ver privados de estas ayudas, de este derecho, no así los inmigrantes”, ya que los extranjeros sin permiso de residencia “no pueden inscribirse en el Inem porque son personas alegales y lo único que pueden hacer es empadronarse. Es el empadronamiento el que les da el acceso a la renta de garantía de ingresos”. En opinión de Aburto, esta situación “pone a un colectivo como es el de los inmigrantes, enfrentado a la ciudadanía, lo que no es asumible”, censuró el diputado foral. De este modo, reiteró que “a más de 5.000 familias inmigrantes” no inscriptos en el Inem “no se les va a suspender la ayuda y a más de 4.700 familias vizcainas, sí”.

Tras mostrarse de acuerdo con que se trata del incumplimiento de un requisito que algunas personas que perciben esta ayuda “deben de cumplir”, Aburto criticó las formas en las que se ha llevado a cabo la suspensión de estas ayudas. “Hay personas que no tienen nada más que esa ayuda para vivir. No se puede jugar con la gente de esa manera. Hay otras maneras de hacer las cosas”, indicó.

En este sentido, la Diputación Foral de Bizkaia propuso, a través de una carta remitida el 10 de diciembre al director de Inclusión Social del Gobierno vasco, Pedro María Sánchez Amado, posponer hasta enero esta medida. “Debido a las fechas que nos encontramos, en las que se celebran estas fiestas cargadas de gran simbolismo para las familias, les proponemos que la suspensión de la ayuda, si fueran necesario, se lleve a cabo en la próxima nómina de enero”, recoge la misiva.

Sin margen de maniobra Pero Lakua, desoyendo la petición de la institución foral, aplicó la anulación de la RGI “sin dar margen de maniobra” a que las personas pudieran formalizar el mero cumplimiento administrativo de la inscripción en el servicio público de empleo. En este sentido, Aburto destacó que estos días “estamos poniendo cara y ojos” a las personas “más vulnerables” afectadas por esta medida y explicó que la cola que hay en las oficinas forales es “considerable y se están generando situaciones de tensión”.

Como ejemplo, el diputado indicó que se han dado situaciones de mujeres con tres hijos “que han venido diciendo que este es el único sustento que tienen, que no se lo pueden quitar”. O casos de personas con incapacidad total, con rentas muy bajas, que recibían la ayuda susprimida para llegar a unos mínimos. “Hay circunstancias tremendamente injustas”, relató. La Diputación se ha puesto en contacto con todas las familias “para que sepan que no hace falta que esperen cola”, es suficiente con que vayan al Inem, o a Lanbide, a partir del 2 de enero, y se inscriban en las oficinas, porque de esta forma “me atrevería a decir que estas familias volverán a cobrar las ayudas”, concluyó Aburto.