BÀRBARAJULBE – Salt
El Ayuntamiento de Salt se convirtió el pasado lunes en el primer municipio de Catalunya en aprobar una moción para reclamar al Gobierno que deniegue el permiso de residencia por arraigo o el de reagrupación familiar a los inmigrantes que tengan comportamientos incívicos. En concreto, pide que los informes que emitan los consistorios sean vinculante" y que estos procesos se puedan vetar, en caso de que los extranjeros residentes hayan infringido las ordenanzas.

El Ayuntamiento de Salt replicaba de este modo a la denuncia presentada por la asociación GRAMC (Grups de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers) contra la alcaldesa de Salt, Iolanda Pineda, por prácticas discriminatorias tras detectar que desde principio de año el Consistorio consulta los informes de la policía local para comprobar si los solicitantes de informes de arraigo y reagrupación han cometido algún tipo de falta en el municipio. De ser así, puede redactar un informe negativo que se remite a la subdelegación del Gobierno.

Esta medida y la presentación de la moción debatida el lunes ha logrado concitar el aplauso de una parte de la población de Salt que incluso llegó a promover una declaración de apoyo a su alcaldesa. Sin embargo, para los activistas deGRAMC"la alcaldesa se excede en sus funciones. El trato es discriminatorio" afirma Paloma Lavandeira, responsable de acogida de GRAMC. Esta entidad ya ha emitido su queja al Síndic de Greuges de Catalunya por lo que consideran una iniciativa excluyente y discriminatoria.

Lavandeira añadió que “el Gobierno central es el único responsable de verificar si la persona que solicita el permiso tiene o no antecedentes penales”.

La moción, presentada en el último pleno del año por el equipo de gobierno de la ciudad formado por el PSC y ERC, tuvo los votos favorables de los veinte concejales de PSC, ERC, CiU y PP, mientras que ICV-IPS, en cambio, votó en contra.

El ecosocialista, Ramon Muñoz, acusó a la alcaldesa, Iolanda Pineda, de hacer “populismo barato”. Tanto Muñoz como el portavoz del grupo municipal de CiU, Jaume Torramadé, lamentaron que la moción no tuviera suficiente consenso y no se planteara antes en la Mesa de la Ciudadanía, formada por vecinos, comerciantes, inmigrantes y entidades del municipio.

El 43% de la población de Salt es de origen extranjera y durante el pasado mes de marzo se vivieron momentos de tensión entre autóctonos y foráneos, a quienes se culpaba del incremento de los actos violentos y delictivos en la ciudad.

La moción fue debatida en un ambiente de crispación. Un grupo de vecinos inmigrantes desplegaron pancartas y acusaron al Consistorio de “racista”.

El colectivo increpó a los concejales afirmando que la iniciativa que se acababa de aprobar era “una vergüenza para Salt”.

La alcaldesa, Iolanda Pineda rechazó en el pleno estas acusaciones y sentenció que lo único que se pretende es precisamente “eliminar las actitudes incívicas de unos pocos que pueden inducir a la criminalización de todo un colectivo en función de su origen”.