JAUME V. AROCA – Barcelona
El próximo martes, el Ayuntamiento de l´Hospitalet debatirá una propuesta para pedir al Gobierno de España que otorgue a los ayuntamientos más instrumentos para poder decidir quién se queda en su municipio y quién debe largarse. Aunque suene feo, ese sería al final el propósito de esta iniciativa promovida por la alcaldesa Núria Marín (PSC), que puede desatar una nueva escalada política a cuenta de la inmigración.

Por de pronto, otro Ayuntamiento, el de Salt, presidido por otra alcaldesa socialista, Iolanda Pineda, en cuyo municipio el 43% de la población es recién llegada, se sumó de inmediato a la iniciativa de su colega de partido y llevará una propuesta similar al pleno. Y el jueves pasado, fue la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, quién anunció que su formación llevará una propuesta similar a todos los ayuntamientos catalanes. Mientras, la dirección del PSC aseguraba que no generalizaría esa proposición. Sin embargo, Badalona, otro territorio sensible en materia de inmigración, presidido por un alcalde socialista en coalición con CiU, prepara también otra iniciativa similar, en algunos aspectos, a la de que han presentado en l´Hospitalet y Salt.

Las últimas elecciones evidenciaron que la mano dura con la inmigración es rentable electoralmente. Y en mayo se celebran elecciones municipales.

Pero la cuestión está en si los ayuntamientos españoles y catalanes tienen realmente alguna capacidad para decidir quién vive en su territorio y quién no. Si la promesa de los candidatos locales de que van a resolver el malestar de sus votantes regulando a su población inmigrante es viable o se trata, en realidad, de un sueño. La conclusión es que los alcaldes poco o nada pueden hacer en esta cuestión incluso introduciendo los cambios que ahora proponen.

Más herramientas para decidir. Lo que piden en sus propuestas, por ahora, estos dos ayuntamientos es que el Gobierno dote a los municipios, a través del reglamento de la ley de Extranjería, de mayor capacidad para influir en el proceso que otorga la residencia.

Los municipios intervienen actualmente en dos vías de acceso al permiso de residencia temporal (distinto, atención, de la nacionalidad): la vía de la reagrupación y la vía del arraigo social. En ambos casos, la petición que gestionan y autorizan las delegaciones del Gobierno ha de ir acompañada de un informe no vinculante de las autoridades locales.

La reagrupación familiar. Para la reagrupación, es decir, el proceso por el cual un residente legal logra introducir a sus familiares directos en el país, el Ayuntamiento debe acreditar mediante una inspección que la vivienda en la que se les va a alojar reúne unas condiciones dignas. Las posibilidades de que se puedan añadir otros parámetros de valoración a este proceso, como pretenden ahora los ayuntamientos, son escasas dado que la reagrupación ni tan siquiera está regulada por España sino que depende de una normativa europea que se aplica por igual en toda la comunidad de países.

En el primer semestre del 2010, el Gobierno ha autorizado el proceso de reagrupación de 10.896 personas en toda Catalunya. Barcelona y l´Hospitalet figuran a la cabeza de las principales ciudades receptoras de estos nuevos residentes. En Catalunya viven legalmente cerca de un millón de extranjeros, de los que 717.000 son extracomunitarios.

El arraigo. Esa es la otra vía en la que quieren influir más los municipios y aquí sí que tienen más campo para correr, básicamente porque el Gobierno está decidido a reducir esta vía de acceso a la residencia. El arraigo es el camino que siguen los ciudadanos que residen ilegalmente en España para obtener el permiso temporal. Es una vía extraordinaria.

Para obtener la residencia, estos inmigrantes han de demostrar que llevan aquí más de tres años, que tienen un contrato de trabajo – que debe verificarse-y que se han acomodado socialmente a la ciudad en la que residen, por ejemplo, aprendiendo la lengua. Para ello pasan por una especie de prueba administrativa en la que han de cumplir todos los requisitos, entre ellos, carecer de antecedentes penales.

Pero ahora los ayuntamientos quieren hilar más fino y pretenden que también las faltas, como sea el incumplimiento de las normativas de civismo, acarreen un informe negativo. Por ejemplo, si un inmigrante orina en la calle, puede ver canceladas sus aspiraciones de vivir en este país.

La experiencia de Barcelona. Más allá de las implicaciones jurídicas y políticas, el problema que tienen los municipios para llevar a cabo su propósito es que no pueden cruzar los datos del demandante de la residencia con los de las bases de datos de multas administrativas impuestas salvo que el Gobierno les autorice a hacerlo legalizando este procedimiento, como ya hizo el Ayuntamiento de Barcelona en verano del 2009.

En efecto, desde agosto del año pasado, la capital catalana exige a los extranjeros demandantes del informe de arraigo que firmen una autorización que permite expresamente al Ayuntamiento cruzar su petición con una base de datos, legalizada en la Agencia de Protección, que registra todas las faltas administrativas. De esto modo, explica el responsable del área de inmigración de Barcelona, Daniel de Torres, “si el demandante ha sido sancionado con cuatro faltas a lo largo de un año, recibe un informe negativo”.

El Ayuntamiento impulsó esta medida pensando especialmente en el problema de los lateros,pero se aplica de igual modo a todos los comportamientos incívicos. ¿Resultado? Se ha denegado un 1% de los informes de arraigo. La denegación no significa la expulsión del inmigrante. Es más, como admite Daniel de Torres, quien sabe que ha sido sancionado por una falta ya no acude a pedir el informe… Sigue formando parte de la población invisible para la administración.

Por la vía del arraigo se han regularizado en el primer semestre del 2010 16.722 personas en toda Catalunya. Una cifra baja comparada con los 53.577 permisos de residencia aprobados por la Delegación del Gobierno por la vía de la renovación, en la que los ayuntamientos no pueden decir esta boca es mía.

Nota final. Las solicitudes de reagrupación y de arraigo han disminuido en el 2010, como ya lo hicieron en el 2009. Pero ahí las políticas de los partidarios de la mano dura tienen poco que ver. La razón no es otra que ahora España ya no es un lugar atractivo para labrarse un futuro.