ES incuestionable que la Administración ha de ser firme a la hora de exigir que la ciudadanía cumpla la ley. Parece lógico, por lo tanto, que el Gobierno Vasco vigile que los perceptores de ayudas sociales – 88.000 según sus datos – cumplan con los requisitos establecidos porque los recursos no son infinitos por un lado y porque sería ilegal, injusto e inmoral que alguien que no lo necesite se beneficie de una ayuda mientras otras personas más acuciadas se quedan sin ella. La cruzada emprendida por el Departamento de Gemma Zabaleta para detectar el fraude entre los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos, la Prestación Complementaria de Vivienda y la Ayuda de Emergencia Social se sostiene, en teoría. Pero luego llega la realidad. Y la realidad, como recordaba Cáritas estos días, no solo revela una sociedad con bolsas de pobreza cada vez más grandes – las prestaciones económicas concedidas por esta organización se han cuadruplicado este año en relación a la situación previa al estallido de la crisis – , sino también la hipocresía que supone para esa misma sociedad y para sus administraciones mirar hacia otro lado. Otro dato: el 20% de los perceptores de AES en Euskadi son inmigrantes , por lo tanto, no es real – ni de lejos – que exista esa masa ingente de personas que, según argumentarios populistas y rayando la xenofobia, están generalizando la impresión de que los extranjeros están poco menos que robando los servicios públicos a los de aquí. Este colectivo, además, será uno de los más perjudicados por la medida del Ejecutivo vasco al tratarse de uno de los grupos más débiles, en muchos casos en situación de ilegalidad – lo que les aboca a ser expedientados – y sin redes de apoyo que sostengan su situación. Es inevitable que, a pesar de los esfuerzos del Gobierno Vasco de hacer ver que los expedientes detectados lo han sido por “irregularidades y no por fraude”, el recelo campe a sus anchas, lo que denota cierta irresponsabilidad de Lakua al aventar las sospechas sin que hayan sido verificadas. Además, con esta mediática operación, Zabaleta, por acción u omisión, busca dejar en evidencia a las Diputaciones y Ayuntamientos de la CAV, que son quienes gestionan esas ayudas en su concesión y control. Por lo tanto, sí a frenar el fraude, pero sin que los daños colaterales aumenten las bolsas de pobreza y marginalidad.