La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, demostró ayer que sus propuestas sobre inmigración van más allá de la campaña electoral y, en respuesta a quienes acusan a los populares de populismo coyuntural, anunció que ha dado instrucciones a los concejales de su partido para que en todos los ayuntamientos donde el PP tiene representación se presenten mociones para pedir el Gobierno español que la evaluación del civismo de los extranjeros sea requisito para obtener el arraigo. También se plantea presentar una propuesta de modificación de la ley catalana de acogida o bien una proposición no de ley en el mismo sentido en el Parlament que precisamente hoy comienza un nuevo curso.
Ley de extranjería
Los portavoces del PP en los Consistorios de L’Hospitalet de Llobregat y Badalona, Juan Carlos del Río y Xavier García Albiol, respectivamente, han anunciado que presentarán este tipo de iniciativa en sus municipios. Una iniciativa que el presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, ya tramitó en 2007 y el pasado mes de octubre, pero en ambos casos fue rechazada.
Ahora, los populares quieren extender la medida a todos los municipios catalanes e incluso que el reglamento que desarrolla la ley de extranjería española también la incluya, por lo que pedirá a la dirección nacional del PP que así lo solicite en el Congreso.
La ley de Extranjería prevé que «con carácter previo a las autorizaciones por arraigo, las comunidades autónomas o en su caso los ayuntamientos, emitirán un informe sobre la integración social del extranjero cuyo domicilio habitual se encuentre en su territorio». No obstante, este informe de inserción social no es necesario si el inmigrante tiene un certificado de empadronamiento con una antigüedad de al menos tres años.
Sánchez-Camacho dio la bienvenida a los alcaldes socialistas partidarios de esta medida, pero tildó de «hipócrita» al PSC por haber criticado a los populares cuando propusieron exigir esos informes de evaluación. Un ejemplo de esas contradicciones socialistas es el Ayuntamiento de Salt (Girona), donde el equipo de gobierno formado por PSC y ERC tiene intención de presentar una moción en el pleno del día 20 para reclamar al Gobierno que se deniegue la legalización por arraigo social y la reagrupación familiar a los inmigrantes que vulneren las ordenanzas cívicas.