La decisión del Gobierno vasco de retirar este mes la renta de garantía de ingresos (RGI) a 6.262 perceptores, argumentando que para recuperar el subsidio deben renovar su inscripción en el Inem o en el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), despertó ayer el rechazo casi unánime de todos los partidos y organizaciones sociales, menos el PP. Y abrió, además, un nuevo e inesperado enfrentamiento entre el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, que paga la RGI de sus presupuestos, y las diputaciones, que aprueban las solicitudes después de que los tramiten los ayuntamientos. El conflicto ha estallado, precisamente, en vísperas de que Lanbide asuma el próximo 1 de enero el control directo de la RGI (entre 650 y 930 euros al mes) y de la prestación complementaria de vivienda (entre 250 y 320 euros); en ambos casos, con el propósito de que los beneficiarios busquen un trabajo o realicen un cursillo a cambio del dinero público.

El Gobierno foral vizcaíno, que retira la renta de garantía a una media de 273 personas cada mes por fraude, acusó a la consejería de Gemma Zabaleta de haber puesto en el disparadero a 6.262 hogares que dependen de ese subsidio, basándose en «un mero cruce informático» de sus datos con los de los organismos de empleo – estos últimos desconocidos por las instituciones forales – . La Diputación vizcaína entiende que antes de quitarles el dinero hay que comprobar cada caso y piensa que la forma de actuar del Gobierno vasco es «discriminatoria», puesto que a los inmigrantes ‘sin papeles’ empadronados en Euskadi no se les exige, al estar en situación irregular, apuntarse en el Inem o Lanbide.

Personas ‘empleables’

Para el diputado de Acción Social de Vizcaya, Juan María Aburto, no sólo no está claro que se hayan producido irregularidades en los supuestos denunciados desde Lakua – personas teóricamente ‘empleables’ de entre 23 y 60 años – . A su modo de ver, ni siquiera es legalmente seguro que pueda dejarse a los afectados sin la RGI, una prestación reconocida por ley, ya que estar apuntado en el Inem o Lanbide no sería «un requisito» para cobrar la prestación sino «una obligación formal» de rango administrativo que se puede subsanar rápidamente. «Siguen siendo personas (4.767 en Vizcaya) que necesitan las ayudas económicas y tienen derecho a ellas según el propósito de la Ley de Garantía de Ingresos», argumentó Aburto.

Fuentes de la Diputación alavesa aseguraron a EL CORREO que, entre los 810 expedientes de ese territorio en los que el Gobierno vasco asegura haber detectado problemas, «hemos comprobado que más de la mitad son correctos, y eso que todavía no los hemos revisado en su totalidad». En el Ayuntamiento de Vitoria, que organiza campañas antifraude desde hace años, informaron de que si bien la capital alavesa acapara la inmensa mayoría de las RGI de Álava, ahora mismo sólo están verificando 250 casos y tampoco saben a ciencia cierta si hay situaciones contra las que actuar.

La orden de suprimir 6.262 rentas de garantía de un plumazo, anunciándolo una semana antes de la fecha de cobro, en vísperas de Nochebuena, es el primer aldabonazo de una profunda revisión que el Gobierno vasco está realizando sobre 88.000 subsidios concedidos regularmente Euskadi, una partida que cuesta a la Administración autonómica 340 millones anuales. En una primera fase, el Departamento de Empleo ha examinado a un colectivo de 20.000 perceptores de RGI que entiende que pueden trabajar y ha cotejado sus expedientes con la información disponible en los organismos de empleo. A los beneficiarios que no han renovado su inscripción en los ordenadores del Inem o Lanbide ha decidido quitarles directamente el subsidio, ya que la Ley de Garantía de Ingresos, aprobada en 2008, les obliga en teoría a buscar activamente un trabajo.

No obstante, son las diputaciones las que deben comunicar a los afectados la eliminación de la RGI, que se ha dado a conocer quince días antes de que Lanbide asuma las políticas activas de empleo transferidas desde el Inem. El organismo autonómico vinculará la renta de garantía y la prestación de vivienda con la integración laboral, de modo que el perceptor que haya perdido la RGI en diciembre podrá cobrarla otra vez en enero, pero sólo si se apunta a Lanbide. Ahora bien, la mensualidad perdida no la recuperará, circunstancia que permitirá ahorrar 4,3 millones de euros al Departamento de Empleo.

Ese ahorro no habría podido realizarse si el Gobierno vasco hubiera optado por la solución «más oportuna» que le propuso ayer la Diputación de Vizcaya: comunicar a las familias afectadas que tienen que apuntarse a Lanbide y dándoles un plazo para solucionar ese problema antes de retirar la prestación económica. «Muchas de estas personas – explicó Juan María Aburto – , simplemente pueden haber olvidado actualizar su inscripción en esos organismos de empleo, o consideran que no tiene utilidad alguna para encontrar empleo, o pueden alegar haber estado apuntadas en una empresa de trabajo temporal».