El pleno del Parlamento Europeo dio ayer un vuelco inesperado al debate migratorio y laboral al rechazar la nueva directiva que debe regular de forma conjunta el permiso de trabajo y de residencia de los inmigrantes procedentes de terceros países. Un “permiso único” que, a juicio de la mayoría parlamentaria, es discriminatorio con, entre otros, los trabajadores temporeros, los desplazados por sus empresas y los refugiados porque no les garantiza los mismos derechos laborales y sociales que tienen el resto de los trabajadores europeos. Aquí se enmarcan el acceso a la pensión si deciden retornar a sus países de origen o el derecho a prestaciones familiares y formación.

La decisión fue adoptada por un escaso margen – 350 en contra, 306 a favor y 25 abstenciones – y supuso una sorpresa, ya que la normativa fue aprobada por muy amplia mayoría en la Comisión de Libertades Civiles de la Cámara. Ayer, sin embargo, el grupo liberal decidió cambiar la orientación de su voto para dejar de apoyar al PPE e inclinar la balanza del lado de los socialistas, la izquierda y los verdes.

El socialista Alejandro Cercas, que llevó el liderazgo en este debate dentro de su grupo, valoró muy positivamente el resultado porque la directiva propuesta “dejaba fuera a los trabajadores más vulnerables y desprotegidos” y “permitía la entrada en Europa de trabajadores que no quedaban sometidos al derecho comunitario ni al derecho nacional”. Es decir, consagraría “una mano de obra de bajo coste”.

La Izquierda Europea compartió la misma valoración, y según Willy Meyer, la directiva derogada derechos para los extranjeros y violaba la igualdad en materia de remuneración, tiempo de trabajo, seguridad, acceso a la sanidad, vacaciones, protección social e incluso formación y educación. Para el PPE, el rechazo de la norma deja la puerta abierta a la inmigración ilegal.

Retraso Tras la decisión de ayer, el informe vuelve a la mesa de la Comisión de Libertades y a la Comisión Europea, que ahora deberá decidir entre presentar una nueva propuesta o retocar la que ya mostró en su día. Según admitió ayer la comisaria Neelie Kroes, portavoz del Ejecutivo comunitario, “es un mensaje muy claro para la Comisión Europea. Daremos una respuesta tras haberlo debatido”.

En función de la opción elegida, el debate podría prolongarse de nuevo más de dos años. En todo caso, no es la primera vez que se intenta legislar esta cuestión. Ya hubo una primera propuesta en 2001 que acabó siendo retirada en 2006. El texto actual fue propuesto hace tres años y, para ser aprobado, tiene que tener luz verde tanto de los gobiernos como del Parlamento Europeo.