Hacer ruido de noche al organizar una fiesta en un piso o consumir alcohol en la calle. Estas son las dos principales conductas incívicas que vulneran la ordenanza municipal de L’Hospitalet y que han llevado a su alcaldesa, la socialista Núria Marín, a proponer que el inmigrante castigado en estos casos no pueda obtener tampoco la regularización por arraigo ni pueda reagrupar a los familiares que estén en su país de origen.

El caso es que, repasando las ordenanzas municipales de los principales municipios catalanes, cada ayuntamiento aplica una gravedad y un régimen sancionador diferente. No exentos, en algunos casos, de una especial atención, aunque de forma implícita, por conductas vinculadas habitualmente a algunos colectivos de inmigrantes.

¿Pensadas para ellos?

Es el caso de las comarcas de Girona. Las normas no están dirigidas abiertamente contra ellos, pero inciden en aspectos de la convivencia que se han visto alterados por sus actividades, informa Ferran Cosculluela. Por ejemplo, Figueres y Salt prohíben la instalación de antenas parabólicas en las fachadas de los edificios. Roses prohíbe desde este verano la venta ambulante, los masajes y la construcción de esculturas en la arena de la playa. Vidreres impide tener más de una caravana en una parcela, ante la proliferación de familias gitanas. Figueres y La Jonquera prohíben la prostitución en las carreteras, ejercida mayoritariamente por mujeres de países del Este.

Otra cuestión que varía notablemente es el importe de la multa. En Martorell (Baix Llobregat) la máxima sanción son 90 euros por una borrachera pública con escándalo. En Torrefarrera (Segrià), las más graves llegan a los 150 euros, por conductas como «acampar con cualquier medio en la vía pública o el espacio público». Sin embargo, las sanciones en Tarragona y Reus pueden ser de hasta 3.000 euros. En Tarragona se juzga como muy grave «hacer burlas o maltratar a cualquier persona, vulnerando su dignidad» o «encender hogueras, braseros, fogones o hacer fuego tanto en la vía pública como en las puertas, balcones y ventanas», informa Rafael Morales. En Reus es muy grave también encender fuego en zonas arboladas o boscosas o «dañar, trasplantar, mutilar o destruir árboles o arboledas de interés local».

La secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terron, explica que en ningún caso estudia denegar los papeles por una falta leve, «como haber bajado la basura dos horas antes de lo previsto». Sin embargo, entre este caso y lo que cada municipio considera grave, existe un gran abanico de posibilidades.

Es por ello que no será fácil hallar una solución unificada. Sobre todo, como advierte algún alcalde, porque alcaldes conservadores podrían hacer una interpretación libre de la norma para denegar masivamente los papeles. Terron deberá hilar muy fino para definir qué faltas pueden llevar al Gobierno a denegar el permiso de residencia a un inmigrante que lleve tres años esperándolo.