La alcaldesa de Hospitalet, la socialista Núria Marín, avanza con paso firme en la política de tolerancia cero para gobernar los problemas derivados de la inmigración en uno de los mejores laboratorios posibles de nuestro país. El Pleno del Ayuntamiento de la segunda ciudad catalana más poblada [270.000 habitantes, el 27,4% extranjeros] sacará adelante una moción para impedir que los inmigrantes incívicos puedan obtener el arraigo social y la reagrupación familiar.

Entre los comportamientos a penalizar figura el consumo de alcohol en la calle, las molestias de ruido a los vecinos de un edificio o la venta ambulante ilegal. El Ayuntamiento de Hospitalet aprobará la moción bastan los votos del PSC, con mayoría absoluta en el Pleno municipal del 21 de diciembre para, a continuación, trasladarla al Ministerio de Trabajo e Inmigración, que ultima el reglamento de la nueva Ley de Extranjería.

El Consistorio reclama al Gobierno que los inmigrantes con actitudes incívicas acreditadas no puedan acceder al permiso de residencia por arraigo ni tampoco reagrupar a sus familias. En el texto, al que ha tenido acceso este diario, el Ayuntamiento pide que las solicitudes sean denegadas a los ciudadanos sancionados por incivismo.

El empeño de Hospitalet es que lo que hoy son apenas observaciones en los informes municipales sobre los arraigos y las reagrupaciones de los inmigrantes , se conviertan en herramientas precisas y definitivas. Es decir, el vecino que molesta de madrugada en su escalera a ritmo de reggaeton o de bachata, convirtiendo cada viernes su casa en una discoteca, no obtendrá una respuesta favorable a su solicitud de arraigo o de reagrupamiento.

La alcaldesa manifestó ayer que no puede evitar que «cualquier persona venga a vivir» a la ciudad, pero sí quiere decidir si alguien que ya está aquí «cumple o no las normas de convivencia, cuando éste solicite un informe para formalizar su arraigo o reagrupar a sus familiares».

Hasta 2005, un notario era quien certificaba si un piso era apto para acoger a determinadas personas. Ahora Hospitalet reivindica el derecho de la Administración local a decidir. Su argumento es claro y sencillo: si son los ayuntamientos los que deben solucionar los problemas de convivencia generados por el fenómeno de la inmigración, que se les dote de un mayor margen de decisión. Núria Marín defendió que es «razonable» que las personas «con mal comportamiento» no puedan arraigarse ni reagruparse en Hospitalet.