RAÚL MONTILLA – L´Hospitaletde Llobregat
A quien tiene antecedentes penales o delictivos se le rechaza de forma sistemática el arraigo o la reagrupación familiar. Pero quien altera la convivencia con el resto de la comunidad e incumple las ordenanzas municipales de civismo tampoco tendría que obtener una respuesta positiva a su solicitud. Es lo que piensa la alcaldesa de l´Hospitalet, Núria Marín, y lo que pide al Ministerio de Trabajo que incluya en el nuevo reglamento de extranjería.

L´Hospitalet quiere que lo que ahora son meras observaciones que se anotan en los informes que elaboran los consistorios pasen a tener validez legal y sean determinantes. El Ayuntamiento lo pedirá oficialmente en una moción que aprobará en el pleno del 21 de diciembre.

L´Hospitalet quiere que los ayuntamientos puedan decidir, porque quienes tienen que solucionar los problemas de convivencia son las administraciones locales. “¿Tiene sentido que una persona pueda conseguir el arraigo presentando una serie de multas?”, se pregunta Marín.

Actualmente, el papel de los consistorios se limita a dar constancia del arraigo de una persona – la de las multas es una de las posibles fórmulas-o hacer informes de las viviendas que ocupan los solicitantes de reagrupación. En el caso de l´Hospitalet, asegura Marín, la inspección se hace con lupa: en el 2008 se denegaron cerca del 50% de las solicitudes, el año pasado, el 38%. Los ayuntamientos hacen estos informes desde el 2005. Antes este trabajo lo hacían los notarios.

“Tan sólo entre el 5% y el 6% de las solicitudes las hacen personas conflictivas, que crean problemas en la comunidad.

Trabajamos con ellas a través de nuestro grupo de mediadores, pero necesitamos más medidas de presión. Podemos hacer observaciones negativas en los informes que entregamos, pero, por incumplimientos de las ordenanzas, por actitudes incívicas, no se le puede denegar legalmente a nadie el arraigo o la reagrupación", explica Marín.

“Lo que queremos – añade la alcaldesa-es que los ayuntamientos podamos hacer informes determinantes, que un ciudadano que no tiene un comportamiento normal no pueda obtener el arraigo, primer paso para obtener papeles, o la reagrupación”. Según Núria Marín, no se trata de exigir a los inmigrantes que sean ciudadanos ejemplares. “Basta con tener un comportamiento normal, que es el que tiene la mayoría. En esta ciudad hay un 25% de inmigración y la situación está muy normalizada, pero hay una minoría que atormenta a sus vecinos, también a otros ciudadanos inmigrantes, y estigmatizan a la totalidad del colectivo”, precisa la alcaldesa de l´Hospitalet.

No se trata de denegar solicitudes a quienes pueden crear molestias en alguna ocasión ni a quienes tiran las cáscaras de las pipas al suelo, sino a los que, por ejemplo, con sus fiestas habituales, no dejan dormir a los vecinos, a los que hacen un mal uso del espacio público, a los que se dedican a la venta ambulante ilegal o no respetan las normas fijadas para los establecimientos comerciales o sus limitaciones, por ejemplo, a la hora de vender alcohol. “Los ayuntamientos tenemos todos esos datos, pedimos poder utilizarlos”, añade la alcaldesa. “Es cuestión de lógica. ¿Una persona que crea problemas de convivencia en su casa va a poder traer a sus hijos menores de edad?”, se pregunta Marín.