Pese a que crece el discurso xenófobo de que los inmigrantes quitan trabajo a los autóctonos, las estadísticas indican que el paro castiga con más dureza a los extranjeros. De los 607.200 parados que había a finales del 2009, un 31,6% (192.000) eran inmigrantes, una proporción bastante más alta que su peso sobre la población. El único “consuelo” para este sector es que la ocupación femenina resiste mucho mejor, ya que las labores de limpieza y cuidado de ancianos y niños resisten mejor los recortes. Una característica de la economía española y catalana es que las mujeres inmigradas copan el trabajo doméstico asalariado en detrimento de la ocupación en servicios sociales, educativos y sanitarios que se da en un grado superior en otros países europeos.

Los efectos de la desocupación en los inmigrantes van más allá de la reducción o falta de ingresos: comportan un riesgo de exclusión social que puede traducirse en más irregularidad, trasvase a economía sumergida y marginalidad.

Esta realidad suscita un intenso debate sobre la gestión política. Sònia Parella y Teresa Sordé (Grup d´Estudis d´Immigració i Minories Ètniques de la UAB) dicen en uno de los capítulos del anuario que sería un error poner el acento en los planes de retorno, porque “una parte importante de las familias han venido para quedarse y la crisis económica es a menudo más grave en muchos de los países de origen”. Por eso defienden que las políticas migratorias deben ir en la dirección de exigir derechos y deberes, considerar a la inmigración como población propia y fomentar la cohesión social.