Hay aspectos que los valencianos tienen claros respecto a la inmigración. Por ejemplo, su aportación positiva a la economía, la cultura o (algo menos) a la convivencia. Sin embargo, una encuesta elaborada por la Fundación Ceinmigra – integrada por la Generalitat y la Compañía de Jesús – revela planteamientos menos abiertos en las actitudes de los valencianos hacia la población extranjera.

El estudio muestra reticencias de los valencianos a la enseñanza de las lenguas de los principales grupos de inmigrantes (después de los ingleses, los grupos mayoritarios son los rumanos y los magrebíes). Un 59% se opone frente a un 32% que lo apoyaría. Lo mismo sucede al plantear la posibilidad de introducir en las aulas clases sobre las diferentes religiones presentes en la sociedad española. Un 63% está en desacuerdo mientras que un 32% lo apoya.

El trabajo, elaborado a partir de 1.117 entrevistas telefónicas a personas de nacionalidad española de 40 municipios valencianos encargada a Ceinmigra por la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, también muestra la confusión existente a la hora de definir la realidad de la inmigración en la Comunidad Valenciana. Por un lado, por la confusión sobre la condición de inmigrante. Un 84% considera como tales a los extracomunitarios, aunque la tasa baja al 64% si se trata de ciudadanos de la Unión Europea. Pero aún desciende más cuando se trata de estudiantes extranjeros (70%) y jubilados (41%).

Además, no existe una percepción clara sobre el porcentaje de población foránea respecto a la nacional. Solo el 23% acierta a decir que representa entre el 11% y el 20% del total – son el 17,3%, según el padrón de enero de 2010 – . El 36% sobrevalora el peso demográfico de los inmigrantes, hasta el punto de que un 8% cree que suponen más del 51% de los ciudadanos.

Según este documento, los valencianos coinciden de forma mayoritaria en que los inmigrantes contribuyen de forma positiva a la demografía (79%), la cultura (62%), la economía (55%) o a la convivencia (48%). Los encuestados tienen asumido el “derecho universal” de toda persona a aspirar a tener una vida digna: un 99% defiende este derecho.

También de forma masiva (el 77%) sostiene que los empresarios deberían tener más facilidades para que sus trabajadores regularizaran su situación, que los inmigrantes en situación regular deberían poder vivir con su familia (93%), cobrar el paro (95%), o votar en las elecciones municipales (75%). El 76% dice que no le importaría trabajar con inmigrantes y al 72% que su hijo tuviera amigos de origen extranjero