MERITXELL MIR / Basilea
Especial para EL MUNDO
Si vives en Suiza pero eres
extranjero, cometer un asesinato
o defraudar a la Seguridad
Social por unos
cuantos cientos de francos
podría tener similares consecuencias.
Sólo será necesario
que mañana las encuestas
acierten y los helvéticos
voten a favor de la
expulsión automática de los
criminales foráneos.
Una victoria de la iniciativa
presentada por el Partido
Popular (SVP) implicaría
un cambio en la Constitución
según el cual los extranjeros
condenados por
asesinato, violación, robo,
tráfico de drogas o fraude a
la Seguridad Social, entre
otros, serían devueltos a sus
países de origen de forma
automática, independientemente
de su situación familiar,
de su salud o del tiempo
que lleven residiendo en
Suiza. La prohibición para
regresar a tierras alpinas
sería de entre cinco y 20 años.
El SVP considera que la medida
es la mejor arma para combatir la
criminalidad entre los extranjeros,
que constituyen un 22% de la población.
«El 70% de los prisioneros
no tienen pasaporte suizo», apunta
la diputada popular Natalie Rickli.
«En realidad no es una cuestión
de nacionalidad, sino de estatus
socioeconómico y nivel de formación
», dice disconforme la socialista
Ada Marra.
Para Marlies Bänziger, del Partido
Verde, la iniciativa contradice,
además, la Constitución suiza, porque
es claramente discriminatoria
al «establecer dos raseros diferentes
para un mismo delito» en función
de si quien lo comete es suizo
o extranjero. Sin embargo, la conservadora
Rickli opina que es una
cuestión de «sentido común» puesto
que «esas personas han abusado
su derecho de permanecer en su
país anfitrión».
En un intento por no dejar que el
SVP siga tomando la iniciativa en
inmigración, el Gobierno y una
gran parte de la oposición ha presentado
una contrapropuesta que
también se votará mañana.
La filosofía es la misma pero
la alternativa subraya
que las deportaciones tienen
que respetar la Constitución
suiza y las leyes internacionales,
por lo que se
deberá estudiar caso a caso.
Christine Kaddous, directora
del Centro de Estudios
Legales Europeos de Ginebra,
explica que la iniciativa
entra en conflicto directo
con el acuerdo para el libre
movimiento de personas firmado
con la Unión Europea
en 1999. «La expulsión de
un ciudadano de la UE sólo
puede estar basada en motivos
de seguridad pública»,
dice Kaddous, para quien
una victoria del sí provocaría
a Suiza problemas con
sus vecinos europeos.
Con la ley actual en la
mano, las deportaciones
ya son posibles en la Confederación.
En 2009 se
realizaron 750 expulsiones,
cifra que se multiplicaría
por cinco si se aprobara
la iniciativa.
Desde hace semanas, los populares
han empapelado las calles del
país con carteles de un alto contenido
xenófobo. «Es muy fácil acusar a
un grupo de personas de todos los
problemas que tiene el país y esperar
que, si se van, todo mejore», dice
Jasmina Causevic, del Foro para
la Integración de los Inmigrantes.
Si se tiene en cuenta que, en
2007, el SVP consiguió recolectar
210.000 firmas para que se celebrara
el referéndum (más del doble
de las necesarias) y que la última
encuesta daba el 54% de los
votos al sí, es posible que mañana
los extranjeros se sientan aún
más discriminados en la democrática
Suiza.