MERITXELL MIR / Basilea
Especial para EL MUNDO
Las ovejas blancas ganaron a la
negra, y lo hicieron por goleada.
Los suizos aprobaron ayer en referéndum
la deportación automática
de los extranjeros que cometan
asesinatos, violaciones, robos o
fraudes contra la Seguridad Social.
Un 52,9% de los votantes y 20 de
los 26 cantones votaron a favor de
una iniciativa que, a buen seguro,
añadirá tensión a las relaciones del
país alpino con la Unión Europea.
La aprobación de la iniciativa,
lanzada en solitario por el Partido
Popular suizo (SVP), implicará un
cambio en la Constitución según el
que los delincuentes foráneos serán
expulsados del país, tras cumplir
su condena. La medida será de
aplicación directa por lo que no se
tendrá en cuenta la situación socioeconómica,
el estado de salud o
los años que el sentenciado lleve viviendo
en el Estado alpino. La
prohibición para regresar se situará
entre los cinco y los 20 años.
«Nosotros no vamos en contra
de los extranjeros, sino de los criminales
», decía ayer el conservador
Oskar Freysinger, feliz por el
resultado. «Lo que no queremos es
importar ni dar asilo a personas
que vengan a robar, violar o matar
a nuestro país», añadía.
Aunque el 70% de los presos no
tiene pasaporte suizo, el resto de
partidos –que se había opuesto en
masa a la iniciativa de los populares–
considera que esa cifra debe
contextualizarse y que el problema
está en la falta de integración y no
en la nacionalidad de las personas.
«El SVP hace terrorismo democrático
», denuncia la socialista Ada
Marra porque «siembra el miedo
entre los ciudadanos cuando la
gran mayoría de los extranjeros no
causa ningún problema».
«El resultado es una violación y
negación del Estado de Derecho
porque la iniciativa no respeta varios
de nuestros principios constitucionales
», decía ayerMarc Spescha,
profesor de Derecho de la Inmigración
en la Universidad de Friburgo.
Uno de los principios que infringe
la iniciativa aceptada es el de
proporcionalidad puesto que se pagará
con la misma moneda un
fraude a la Seguridad Social que
un asesinato, y dado que no se tendrá
en cuenta las circunstancias
personales de cada delincuente.
Según los expertos, además, la
ley entra en conflicto directo con el
acuerdo de libre movimiento de
personas firmado entre Berna y
Bruselas en 1999, así como con la
Convención de Derechos Humanos
de la Unión Europea y la propia
Constitución Suiza. Aunque el Parlamento
helvético tiene cinco años
para redactar la ley final, Spescha
adelanta que la tarea será casi imposible
si se quiere cumplir con las
obligaciones adquiridas con la UE.
La actual ley suiza está considerada
como una de las más restrictivas
de Europa y ya permite la deportación
de criminales en casos de
extrema peligrosidad o reincidencia.
En 2009 se realizaron 750 expulsiones,
pero Freysinger considera
que esa cifra podría doblarse
con la nueva ley en lamano. «No es
una solución definitiva, pero es un
paso en la dirección adecuada», resume
el parlamentario del SVP.
Un año después de la prohibición
de construir minaretes en el país,
los suizos dan una nueva bofetada
al 22% de las personas que vive en
su territorio y no posee pasaporte
helvético. Las ingentes cantidades
de dinero que el SVP ha gastado en
esta campaña se han traducido en
votos que esperan volver a materializar
en las elecciones federales de
2011. Los carteles con ovejas blancas
que echaban del país a un borrego
negro de una patada dieron su
fruto ya durante la recogida de firmas
para el referéndum en 2007.
Ayer demostraron que la propaganda
de alto contenido xenófobo es
efectiva en el reino del chocolate.