GEMMA SAURA – Zurich Enviada especial

Un 53% de los suizos aprueba la deportación automática por “delitos graves”
Un 53% de los suizos decidió ayer en referéndum que el abuso de prestaciones sociales merece la expulsión automática de los inmigrantes, junto al homicidio, la violación, el atraco, el tráfico de personas o de drogas. La derecha populista del Partido Popular Suizo/ Unión Democrática del Centro (SVP), impulsora de la iniciativa popular, vuelve a anotarse un triunfo un año después de la prohibición de los minaretes. Para el Gobierno supone un nuevo dolor de cabeza, que deteriorará las relaciones con la UEy la imagen internacional de la Confederación.

“Es un día negro para los derechos humanos en Suiza”, declaró Amnistía Internacional. Oenegés, entidades religiosas, juristas y el resto de partidos habían rechazado el texto porque ignora la proporcionalidad de los delitos, viola el derecho internacional, pone al mismo nivel a inmigrantes recién llegados y a nacidos en Suiza y choca con los tratados de libre circulación con la UE.

Los grandes derrotados son las fuerzas de centroderecha, que intentaron frustrar el éxito del SVP con un contraproyecto que asumía las expulsiones automáticas pero fijaba unas penas mínimas y las supeditaba a la ley internacional.

Sólo han convencido al 45,8% de los votantes. “El contraproyecto ha legitimado la iniciativa, de la cual no era más que una pálida copia. Pero la gente prefiere el original”, diagnosticó Ueli Leuenberger, presidente de los Verdes, que habían pedido el doble no. También los socialistas, aunque algunos defendieron el voto táctico para el contraproyecto. Muchos se preguntaban ayer si la izquierda se había equivocado.

“Los votantes han expresado claramente que consideran la criminalidad de los extranjeros un problema muy serio”, reaccionó el Consejo Federal (gobierno), que prometió “ejecutar el mandato que le ha sido confiado”. La patata caliente queda en manos del Parlamento. Tendrá que hacer malabarismos para traducir la voluntad del pueblo en una legislación compatible con la Constitución y con el derecho internacional.

Para muchos juristas, el texto del SVP es inaplicable. Predicen un aluvión de denuncias ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recuerdan que no hay expulsión sin acuerdo de repatriación con el país de origen y que difícilmente Bruselas aceptará que se expulse a ciudadanos de la UE por la vía rápida.

El SVP aseguró que no hará concesiones y recordó que “la voluntad del pueblo es superior a cualquier acuerdo”. El auge de la derecha populista está “ligado a la posibilidad de la democracia directa”, afirma el sociólogo Rudolf Stichweh. “Son expertos en movilizar los miedos y resentimientos ante la inmigración, sentimientos existentes en todas las sociedades europeas, pero sólo aquí los ciudadanos pueden expresarlo directamente en las urnas”.