El reto de futuro pasa por favorecer el sentimiento del inmigrante de pertenencia a Catalunya
Estos días se ha puesto de manifiesto la necesidad de que los partidos mayoritarios aborden el tema de la inmigración, no sólo porque constituye, según las encuestas, uno de los principales problemas de Catalunya, sino porque es de esa manera como mejor se ponen al descubierto los discursos políticos de carácter racista o xenófobo.

Todos los programas de los partidos parlamentarios contienen, en mayor o menor medida, sus correspondientes proyectos sobre inmigración. CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA proponen desarrollar la ley de Acogida de los Inmigrantes; sin embargo, dicho desarrollo puede verse afectado por el recurso planteado por el Defensor del Pueblo ante el TC contra dicha ley, recurso que cuestiona que se priorice el aprendizaje del catalán porque haría peligrar el proceso de integración de los inmigrantes. En esta línea se situarían también PP y C´s, que pretenden reformar esta ley para garantizar el conocimiento básico del castellano en los servicios de primera acogida. Estos postulados olvidan que un elemento fundamental para integrar al inmigrante es el conocimiento de la lengua que se habla en la comunidad en la que se instala, más cuando el catalán puede estar en una situación de desequilibrio ante el castellano por ser esta última la lengua de una parte importante de la población extranjera.

Las diferentes fuerzas parlamentarias apuestan por una inmigración regular y ordenada, así como también – excepto ICV-EUiA-por vincularla a las necesidades derivadas del mercado de trabajo catalán. Resulta fundamental que nuestros partidos políticos mayoritarios tengan como común denominador una política de inmigración regulada, ahora bien, deberían reflexionar sobre la mejor manera de ponerla en práctica cuando la inmigración puede resultar una de las soluciones que contrarresten los efectos negativos que sobre nuestro sistema económico y social puede tener el cambio demográfico que nos afecta. De forma general, CiU y PP apostarían, aunque con lenguaje distinto, por el retorno obligatorio, mientras que los partidos hasta ahora gobernantes tenderían a impulsar medidas de integración.

Los partidos deberían tomar como referencia la propia situación de los inmigrantes, que han sido los que más han pagado las consecuencias de la crisis económica y social. Debería prevalecer un principio de solidaridad hacia las partes más débiles de la sociedad, que se manifestaría en una doble vertiente: el deber de la comunidad de proteger a todos sus miembros y el deber de los inmigrantes de respetar y contribuir a los valores que la identifican. El reto de futuro pasaría por favorecer su sentimiento de pertenencia a Catalunya, lo cual se conseguiría eliminando las discriminaciones de las que pueden ser víctimas.