El despliegue policial no tiene precedentes; las medidas de control para acceder a la sala de vistas, tampoco. Hoy, en la Ciudad de la Justicia de Valencia se celebra un juicio de alto riesgo, el que sienta en el banquillo a un hombre, Antonio S. S. por matar a su suegro, Rafael Heredia, de un tiro en la cabeza en el barrio de la Cruz Cubierta. Tenía 48 años. Fue el desenlace a las desavenencias entre dos familias de etnia gitana. Finalmente, la vista ha transcurrido con mucha tensión, pero el dispositivo ha evitado que se registraran incidentes.
A Antonio le había dejado su mujer, harta de golpes. Ella se había ido del domicilio conyugal y se había refugiado en casa de sus padres. El 18 de marzo de 2008, el marido despechado pasó la factura por el abandono. Entonces pesaba sobre él una orden de busca y captura dictada por un juzgado a raíz de un intento fallido de acabar con su suegro, al que culpaba de su ruptura matrimonial. Antonio y Rafael estaban enfrentados por la mala vida que el primero daba a la hija del segundo.
Despliegue sin precedentes
Existe un «serio riesgo de que ocurra algo», explican fuentes judiciales. Se teme que la Ciudad de la Justicia se convierta hoy en el escenario en el que se ejecute la ley gitana: el ojo por ojo. Con esta previsión, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han diseñado un despliegue sin precedentes. Han blindado el edificio judicial para evitar incidentes. Se ha extremado también la vigilancia en el exterior del complejo. Preocupa que para evitar los severos controles de hoy, algunos de los miembros de las familias enfrentadas hayan aprovechado los días previos al juicio para introducir y esconder en el edificio judicial armas con las que llevar a cabo la venganza. Los periodistas, que habitualmente tienen acceso libre como el resto del público, han tenido que acreditarse.
La Fiscalía solicita 28 años de cárcel para el acusado por asesinato, tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas. Antonio S., que entonces tenía 25 años, había estado casado con la hija de la víctima por el rito gitano. El matrimonio, con tres hijos en común, se separó un año antes del crimen tras varias denuncias de ella contra él por malos tratos. Las «graves desavenencias» hicieron que la mujer regresara al domicilio paterno. Aquello provocó un «fuerte conflicto» entre el acusado y su suegro. El primero «tomó la firme decisión de acabar» con el padre de su ex mujer, relata el fiscal en su escrito de acusación. Lo intentó el 4 de marzo, cuando se acercó al domicilio de la familia de su ex mujer y disparó contra varios de sus miembros. Antonio S. tenía una orden de busca y captura acordada por un juzgado de Violencia sobre la Mujer. El padre de la chica sobrevivió porque se refugió en una carpintería próxima. El 18 de marzo volvió a la casa de su suegro. El hombre estaba a la puerta. El acusado le intentó atropellar. Consiguió esquivar la embestida del vehículo. Se salvó.
Mes y medio después, Antonio regresó a la casa de la que había sido su familia política. La víctima, alertada por los gritos de su mujer, intentó esconderse. Su ex yerno le descerrajó un tiro en la cabeza. «Ése ya no vive más», sentenció. Luego huyó. Se refugió en casa de un tío en el municipio de Navarrés. Éste intentó convencerlo de que se entregara. Como hacía caso omiso, fue él el que se marchó con la familia. Por eso, el fiscal no le acusa de encubrimiento. El Ministerio Público quiere que el acusado pague a la viuda y a los dos hijos de la víctima 130.000 euros.