El Gobierno británico reducirá el próximo año en un 20% el número de visados para los inmigrantes de países que no pertenezcan a la Unión Europea que quieren trabajar en el Reino Unido. Las nuevas restricciones no afectarán a los empleados de las empresas multinacionales, que habían presionado para que las limitaciones no les afectaran.

El número de visados que el Reino Unido otorgará el próximo año será de 21.700, frente a los 28.000 entregados en el 2009. La inmensa mayoría de los permisos irán a parar a inmigrantes que ya tengan una oferta de empleo antes de entrar en el Reino Unido. Un millar de visados se reservará a una nueva categoría de «talentos excepcionales», en la que tendrán cabida, científicos, deportistas de élite artistas y académicos.

La ministra del Interior, Theresa May, explicó en la Cámara de los Comunes que el objetivo es controlar «todas las rutas de entrada, visados de trabajo, visados para estudiantes, visados familiares y romper el vínculo entre estancias temporales y permanentes». El Gobierno pretende conceder visados solo a los estudiantes extranjeros que se matriculen en una carrera universitaria. «Demasiados estudiantes en los niveles (de estudios) más bajos, vienen aquí con la idea de vivir y trabajar, en lugar de estudiar. Tenemos que detener ese abuso», señaló May. En cuanto a los visados familiares, los futuros cónyuges que quieran casarse e instalarse en el Reino Unido deberán tener conocimiento previo de la lengua inglesa.

TENSIONES EN LA COALICIÓN / La nueva normativa, que ha creado tensiones en la coalición de Gobierno entre conservadores y liberales, es un triunfo del mundo de los negocios. Las multinacionales podrán traer, sin restricciones de entrada, a cuanto empleados quieran con un salario superior a los 47.000 euros anuales.

«Es lo suyo que las compañías que requieran trabajadores preparados para un trabajo específico tengan prioridad», señaló David Frost, director general de la Cámara de Comercio. «Esos individuos son esenciales para el crecimiento económico», añadió. Los sindicatos, sin embargo, consideran que el Gobierno «ha perdido la oportunidad de atajar el mal uso y el abuso de los traslados dentro de las compañías».