pamplona. La mitad de los casos de violencia de género que acaban en denuncia tiene como responsable a un agresor que es cónyuge, compañero o pareja de hecho de la víctima; sin embargo, otro porcentaje importante de las denuncias el 34,5% están dirigidas contra la expareja sentimental o excónyuge, lo que revela que las amenazas, coacciones o malos tratos no cesan después de la convivencia o que se inician a partir de una separación. También apunta a que las órdenes de protección llegan tarde o que su control es muy “escaso”. Lo cierto es que los seis primeros meses después de una separación activan el “código rojo”, tal y como reconocen las asociaciones que trabajan con mujeres maltratadas en la Comunidad Foral.

Son los últimos datos que maneja el INAI, en los que destaca, como dato en principio positivo, que las denuncias interpuestas ante los distintos cuerpos de seguridad en Navarra por mujeres por delitos relacionados con la violencia machista han sido 1.046 hasta el 30 de octubre, lo que supone un 7% menos respecto al mismo período de 2009 (un 3% más que en 2008). La directora general del INAI, Sara Ibarrola, aseguró que un menor número de denuncias puede estar relacionado con la mayor actividad “preventiva”, con el buen funcionamiento de los sistemas de coordinación con las policías, la consolidación en la aplicación de la ley orgánica estatal de 2004 contra la violencia de género y “el impacto de todas las medidas que se han puesto en marcha”. “La mujer es posible que salga antes de la situación al haber más recursos, aunque los datos definitivos hay que analizarlos a final de año”, remarca.

Desde la Plataforma contra la Violencia de Género, Teresa Zabalegui opinó que el principal problema es que muchas denuncias, una cuarta parte, se terminan retirando por miedo (por ser un proceso largo y difícil, la dependencia emocional que lleva a la mujer a darle una segunda oportunidad al agresor, y la dependencia económica), o porque el propio juzgado no ve pruebas que demuestren el maltrato, lo que ocurre sobre todo en casos de violencia psíquica. “Todo ello está echando atrás a muchas mujeres”, admite. “La dependencia o el hecho de que la denuncia la pone la policía ante una llamada de un vecino o un familiar hace que muchas mujeres no declaren contra el maltratador”, remarca. "Creo que, además, existe un problema de “o no entienden nada o todo es violencia de género y de la misma envergadura, por si acaso, y al mismo nivel: casos que se solucionarían de otra manera si hubiera una recepción serena y no obligaran a poner denuncia o orden de alejamiento, juicio rápido… Es un un modelo que no busca el empoderamiento”, asegura Tere Sáez, de Andrea.

Para Sagrario Mateo, de Aprodemm, hay dos razones de peso que pueden explicar el descenso de denuncias. Por un lado, el “miedo al agresor” y por otro, el hecho de que las víctimas no crean en la justicia. “Las mujeres en general ven que las condenas son muy bajas, que es muy barato maltratar, que no les van a dar una orden de alejamiento, o que el agresor va a poder ver a los hijos los fines de semana”. Hay también muchas mujeres inmigrantes que retiran las denuncias para volver con el maltratador por falta de recursos, añade. Denuncia, además, que muchos abogados disuaden a la víctima a la hora de denunciar informándole de sus posibles inconvenientes.

Por otra parte, solo en octubre se interpusieron 111 denuncias por delitos relacionados con la violencia de género, de las que, en la clasificación por tipología, destaca que 29 de ellas fueron por violencia física; 7 por violencia psíquica, y 28 por ambas. En 16 casos se denunció violencia sexual y las 31 restantes se produjeron por amenazas, quebrantamientos de órdenes de alejamiento o coacciones. Los datos fueron dados a conocer con motivo del acuerdo del Gobierno para convocar una concentración en la plaza del Vínculo de Pamplona el próximo jueves.