El incendio que ayer costó la vida a dos jóvenes inmigrantes y produjo graves lesiones a otros dos chicos en el municipio vizcaíno de Santurtzi se había ido gestando durante meses a partir de una combinación de desatención a la exclusión social y desidia en la conservación de un inmueble privado. El hecho de que el antiguo restaurante escenario del siniestro registrara «más de veinte intervenciones» de la guardia urbana – alguna por un pequeño fuego – había llevado al Ayuntamiento a considerar caducada la licencia del establecimiento, y a iniciar después el trámite para declararlo en ruina. Un procedimiento burocrático claramente inadecuado para situaciones cada vez más frecuentes, que sólo consiguió movilizar a la propiedad cuando exigió el derribo del edificio. Esto ocurrió en octubre, y el caserón acogía a cuatro ocupantes irregulares al menos desde el verano. Las continuas quejas vecinales que atrajeron la atención policial debieron activar además una respuesta de los servicios sociales que constatara el potencial peligro que un local abandonado, con posibles restos de su antigua actividad sometidos a manipulación negligente, podía suponer para sus habitantes y el conjunto del barrio. Cuando los ciudadanos escuchan llamamientos a colaborar, como el que realizó ayer el alcalde de Santurtzi, tienen derecho a preguntarse si las instituciones están preparadas para responder.