El Juzgado de lo Penal Número 2 ha condenado a dos años de prisión y multa de unos 900 euros a M. P. P. M. L., empresaria arnedana, por un delito contra el derecho de los trabajadores. La condenada tenía a cuatro trabajadores inmigrantes en situación irregular trabajando en su fábrica del sector del calzado.
Los hechos se remontan a 2006. Efectivos de la Guardia Civil de Arnedo, como consecuencia de las labores de vigilancia realizadas, procedieron a registrar una nave situada en el Polígono Industrial de Planarresano, en la localidad riojabajeña, propiedad de M. P. P. M. L.
En el transcurso de esta operación fueron identificados tres trabajadores georgianos, L. T., G. A. y K. M., y M. A. B., de Rumanía. Según los hechos constatados por el Juzgado, la empresaria «conocía ya desde el inicio que se encontraban en situación administrativa irregular y carecían de permiso de trabajo».
Además, la situación laboral que los unía no estaba formalizada por escrito y los trabajadores acudían a la fábrica solamente cuando la acusada lo consideraba necesario por razones productivas. Cuando esto era así, realizaban labores de cortado y manipulación de calzado, en jornadas de entre ocho y diez horas, sin disfrutar de los periodos de descanso preceptivos.
La retribución que percibían por su trabajo era muy inferior a la que establece el Convenio Colectivo de la industria del Calzado. Los inmigrantes irregulares tampoco fueron dados de alta en la Seguridad Social, y la empresaria dispuso para ellos las necesarias medidas de seguridad e higiene en su puesto de trabajo, tales como mascarillas, guantes…
Escondidos
Según queda recogido en la sentencia, la Guardia Civil encontró durante las labores de registro de la nave industrial un habitáculo. Se encontraba detrás de un armario y a través de un falso techo que fue preciso desmontar por parte de los agentes.
En ese habitáculo, la Guardia Civil halló a los cuatro trabajadores inmigrantes referidos anteriormente. Se habían ocultado allí por orden de la encargada cuando ésta detectó la presencia de los agentes.
Por estos delitos contra los derechos de los trabajadores, el juez ha condenado a M. P. P. M. L. a una pena de dos años de cárcel. El juicio no se celebró por haber conformidad entre las partes. La acusada vio suspendida la pena de prisión por el plazo de dos años, supeditada a que durante ese tiempo no vuelva a delinquir.
Asimismo, se le ha impuesto una multa de seis meses, con una cuota diaria de cinco euros. En caso de impago, se le impondrá un día de arresto por cada dos cuotas impagadas.