La prostitución callejera lleva meses poniendo ante el espejo de cartageneros y turistas problemas paralelos como la degradación urbanística de una parte del casco histórico cada día más hundida respecto al cuidado eje Plaza de España – Muelle, la miseria en la que malviven grupos inmigrantes o la sensación de inseguridad al llegar la noche. Pero, junto a lo evidente, los pisos donde las prostitutas venden su cuerpo y tienen refugio esconden un sórdido escenario sobre el que arrojan luz los informes de los agentes de la Policía Nacional que vigilan la zona.

A raíz de las redadas llevadas a cabo en los dos últimos años para atajar delitos asociados al mundo de las meretrices, como la inmigración ilegal, la explotación laboral o la venta de droga, la Comisaría ha remitido al Ayuntamiento y otros organismos sobre cuestiones que trascienden de sus competencias y a las que debería ponerse coto.

Según ha confirmado a ‘La Verdad’ el Ayuntamiento, la Policía le ha comunicado que en pisos alquilados de calles como Villalba, Las Beatas o San Fernando hay desde graves problemas de acumulación de suciedad que exigirían precintarlos, hasta estancias divididas de forma irregular en cuatro minihabitaciones con camas o colchones para dar intimidad a los clientes, pasando por casas ocupadas por más de una veintena de personas.

En los últimos meses, el Gobierno municipal ha asegurado que su actuación en la zona se basa en las medidas conjuntas entre las concejalías de Seguridad Ciudadana y y Atención Social, y que entre otras cosas estudiaba a través de Urbanismo la declaración de ruina de algunos edificios para precintarlos y derribarlos.

El concejal de Urbanismo y portavoz municipal, Joaquín Segado, asegura que esto último conlleva un proceso lento y complejo porque los propietarios presentan recursos administrativos y judiciales. Y, en todo caso, matiza que en el caso de las viviendas concretas a las que aluden los informes de la Policía sobre la prostitución los técnicos de Urbanismo no han detectado riesgo de derrumbes.

Más de veinte personas

En cuanto a las obras ilegales en el interior de las viviendas, Joaquín Segado aseguró que ya hay en marcha expedientes sancionadores que incluyen órdenes de demolición, pero que éstos también están sometidos a la citada complejidad burocrática. «Si los dueños recurren y recurren, pueden pasar hasta diez años para hacer un derribo interior», afirmó.

En cuanto a las malas condiciones sanitarias de los pisos de prostitutas y la acumulación de más personas de las que la ley permite empadronar. Algunos ayuntamientos aplican la Ley de Ordenación de la Edificación, que fija un máximo de un inquilino por cada veinte metros cuadrados edificados, salvo que se trata de la misma unidad familiar.

En Cartagena, el Ayuntamiento se guía por la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y por la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. El Servicio de Estadística se basa en una cifra «aleatoria» para evitar aglomeraciones: realiza inspecciones cuando hay más de catorce personas que quieren registrarse en una misma vivienda.

En todo caso, Segado advirtió de que las autoridades municipales no pueden comprobar ciertas situaciones hasta disponer de las autorizaciones judiciales de entrada en las viviendas.