No había duda respecto a los hechos: un asesinato y un intento de asesinato de dos chicas en Paiporta. También existía certeza respecto a la autoría. Mohamed Alimoussa había reconocido que cometió ambos delitos. La cuestión esencial en la sentencia que ha dictado la sección Segunda de la Audiencia consistía en si el acusado sufría alguna alteración psíquica que le eximiera de su responsabilidad criminal y, por tanto, debía ingresar en un centro psiquiátrico.

Y el tribunal acordó lo segundo. Mohamed ha sido condenado a 33 años de internamiento psiquiátrico. No podrá salir del centro sin la aprobación del tribunal, supeditado al informe médico. La sentencia explica que el procesado padecía «un trastorno psicótico con ideas delirantes de perjuicio y místico – religiosas».

Esta conclusión, tal y como recuerda la sala, proviene de tres entrevistas psiquiátricas, informes toxicológicos e informes médicos de la cárcel de Picassent, así como de las declaraciones judiciales del acusado. «El individuo, con ideas delirantes, actúa conociendo y queriendo, pero conociendo una realidad equivocada que su enfermedad ha forjado en él y queriendo sobre la base de esa patología».

El ahora condenado ha llegado a decir que le habían obligado a tomar drogas en la bebida, que tenía la certeza de ser profeta, hablaba de un cuerpo extraño en la cabeza e incluso que unos argelinos querían la cabeza y quitársela.

La Sala ha impuesto a Mohamed una indemnización de 200.000 euros para los padres de Carolina Planells y 32.000 euros a Susana Pérez, la joven que resultó herida por sus cuchilladas.

Indemnización estatal

La superviviente de la brutal acción de Mohamed deberá ser indemnizada por el Estado en arreglo a la Ley 35/95. Esta norma, poco conocida, prevé importantes ayudas económicas para víctimas de delitos graves cuyos autores condenados sean insolventes. Es el caso de Mohamed, inmigrante sin arraigo en España que sólo tuvo trabajos esporádicos en el campo antes de convertirse en asesino.

Socorro Zaragozá, coordinadora de la Oficina de de Ayudas a Víctimas del Delito (OVAD), confirmó que la solicitud de la indemnización comenzará desde el momento en que la sentencia sea firme y aseguró que el caso de Susana reúne «todas las características» para que pueda ser resarcida con estas ayudas excepcionales.

El requisito clave para aspirar a ellas es que las lesiones dejen graves secuelas que incapaciten «temporal o permanentemente». Susana acabó con 9 cicatrices en su cuerpo, tiene problemas de sueño, no sale a la calle sola y sufre ansiedad. Como confirmó su padre, Manuel, «mi hija tiene una invalidez declarada del 33%». Antes de la agresión, Susana ganaba 1.300 euros por su trabajo en el pub Samsara. Ahora le han retirado la pensión de 400 euros de la Seguridad Social y sigue pagando alquiler y préstamo del local. «Si no fuera por mi familia tendría que pedir», reconoce apenada.