La Audiencia provincial de Valencia ha decidido unificar criterios a la hora de aplicar la ley en asuntos que preocupan a los ciudadanos pero que no encuentran el suficiente respaldo en los juzgados. Uno de ellos es el de los llamados gorrillas, actividad al margen de la ley en la que con frecuencia se sobrepasa la frontera que separa la simple petición de una cantidad de dinero de la extorsión y las amenazas. Los conductores que sufren esta plaga que aqueja a todas las ciudades españolas se lamentan de tener que pagar para evitarse males mayores y, en concreto, daños en su vehículo. Pero se sienten desamparados y desprotegidos tanto por una Policía que se ve impotente para frenar el creciente número de pedigüeños como por unos jueces que en ocasiones se decantan por el criterio más favorable a los gorrillas, archivando las denuncias.

La crisis económica y el elevado número de inmigrantes que se han quedado sin trabajo ha incrementado la presencia de los aparcacoches ilegales en las calles. La solución parece evidente que no pasa por regularizar su función, como en algún tiempo se pensó y han puesto en práctica otras ciudades españolas. El Ayuntamiento de Valencia es el que dispone en qué calles hay que pagar por aparcar, la llamada zona azul, y corresponde a los agentes de la ORA y en último caso a los de la Policía Local vigilar el cumplimiento de esta normativa municipal. Ampliar las zonas de pago no sería la mejor manera de solucionar el problema, que pasa, inevitablemente, por hacer cumplir la ley, evitando la actividad de unos gorrillas que de alguna forma intimidan a los automovilistas con su sola presencia. Y acabar con esta lacra urbana requiere de la actuación conjunta de la Policía y de su posterior refuerzo en los juzgados, por lo que la unificación de criterios de la Audiencia – que también afectará a otros casos, como el de los que viajan en transporte público sin billete – debe ser aplaudida.