Una ola de embargos y desahucios está poniendo en jaque el orden público de los barrios más humildes de Badalona, desatando un mercado negro de la vivienda que origina incivismo, abusos, ocupaciones… A fin de atajarlo el Ayuntamiento ha sondeado a las entidades financieras que cedan al Consistorio de modo provisional la gestión de los pisos a los que no logran dar salida para que engrosen una bolsa de alquileres sociales. Ya se han producido los primeros contactos. El sector financiero no vería con malos ojos una medida que ya se puso en práctica en Tortosa y que puede impedir que cerca de cuatrocientos gitanos rumanos acaben en los ya atestados pisos de algún familiar o merodeando por el área metropolitana en busca de un nuevo hogar.

Esta es a pie de calle la última consecuencia de los alegres excesos de los años de bonanza que desencadenaron esta crisis global, un problema ahora patente en Badalona pero no exclusivo de la tercera ciudad de Catalunya. Sólo las cajas de ahorros necesitan inquilinos para 137.000 pisos en toda España.

Según explica el teniente de alcalde Ferran Falcó, lo que mantiene en vilo al Ayuntamiento de Badalona son algo menos de 40 pisos de escasa calidad ubicados principalmente en los complicados barrios de Sant Roc y la Salut, viviendas compradas sobre todo por pakistaníes antes de que la burbuja inmobiliaria explotara, con hipotecas al cien por cien y a un precio que ahora se antoja desproporcionado. Entonces sólo los pakistaníes se interesaban por estos pisos. Los asiáticos compraron los restos de un submercado inmobiliario y los alquilaron a quienes nadie más alquilaba una vivienda.

Ahora las entidades financieras no saben qué hacer con estas viviendas. Como dice el Tío Manuel, patriarca de los gitanos del barrio de Sant Roc, “nadie normal se compraría un piso aquí”. Los propietarios dejaron de pagar las cuotas hace un año o dos, cuando empezó la crisis. Ahora todos estos pisos están pasando a manos de una larga lista de cajas de ahorros y bancos. Los desahucios son inminentes en todos los casos, en muchos de ellos por segunda vez. La mayoría de los inquilinos desconoce este hecho.

Según fuentes policiales, algunos siguen pagando el alquiler al antiguo propietario, que los engaña haciéndoles creer que aún es el dueño. Los moradores no están al tanto del embargo. La situación también posibilita un nuevo mercado negro: una vez desalojado el piso es ocupado de nuevo rápidamente, y el ocupa, normalmente un español, compra un contrato de alquiler en un estanco para hacerse pasar por el propietario y arrendar la vivienda entre los más bajos estratos sociales. Pero los precios no son mucho más bajos que en Barcelona.

Muchos no saben que los engañan. Otros sí, pero no tienen otro modo de acceder a una vivienda. Incluso se produce la compraventa de pisos usurpados por unos 2.000 euros.

El convergente Falcó teme que el problema pueda ser, en realidad, mayor. También lo cree Diego Justicia, de la asociación de vecinos de Sant Roc, que cree que los pisos de entidades financieras ocupados superan los 130. Ocupados, dice, sobre todo por familias del barrio y alrededores. “Ahora la mayoría de las entidades paga la comunidad, pero cuando hay averías dicen que no pueden entrar en las viviendas. Y entonces, cuando el techo se cae encima porque la bañera de arriba está rota y nadie se responsabiliza, llegan los conflictos”.