IÑAKI ELLAKURÍA – Granollers / Cornellà

El PP presenta un plan para recortar 1.900 millones al año del gasto de la Generalitat
La lucha del PP contra la inmigración ilegal llegó ayer a internet, lo que motivó una nueva polémica que enturbia su campaña. La web popular colgó a mediodía un videojuego en el que aparecía Alicia Croft Sánchez-Camacho surcando los vientos sobre una gran gaviota (llamada Pepe) y disparando a diestro y siniestro “bombillas de ideas”. Sus objetivos: globos con esteladas, burros catalanes e inmigrantes ilegales que saltan en paracaídas y desaparecen cuando la candidata les bate con certera puntería.

Estallada la polémica, el PP trató de atajar la fuga de agua y la propia Sánchez-Camacho, después de un acto en Cornellà, explicó que en la idea original del videojuego, y a la que ella había dado el visto bueno, no se “tiraba bombillas” contra inmigrantes , sino contra aviones de mafias que trafican con ellos. El PP trató por la noche de modificar el videojuego y lo descolgó momentáneamente de su página web. Pero no fue suficiente para evitar las críticas de otros partidos.

Esta nueva polémica que vincula al PP con mensajes agresivos respecto a la inmigración oscureció el mensaje de austeridad en la administración que había lanzado Sánchez-Camacho. Esta anunció durante una visita a una empresa de complementos de bisutería un plan de recorte del gasto de la Generalitat en unos 1.900 millones de euros anuales.

“Se acabó el despilfarro tripartito”, proclamó la candidata popular antes de presentar un plan de austeridad que se mira en el espejo de David Cameron. Con este programa el PP quiere eliminar algunos proyectos estrella del tripartito, como el Memorial Democràtic de Joan Saura – lo que supondría un ahorro de 3,6 millones-,y “aquellas embajadas inútiles”, como la Casa de Perpinyà, que el vicepresident Carod ha impulsado durante siete años. Los populares también quieren reducir 192 millones en el apartado de “gastos diversos” de la Generalitat; ahorrarse más de 3 millones en el presupuesto de protocolo; recortar 23 millones conferencias, cursos y seminarios varios; reducir el número departamentos del Gobierno catalán y, especialmente, llevar a cabo una poda, que se aventura polémica y conflictiva, del 30% del cuerpo de la administración catalana. También creen posible ahorrar 58 millones en el gasto de la Generalitat en telefonía móvil y reducir en un 50% la partida destinada a informes y estudios, lo que supondría un ahorro de 294,232 millones.