El Defensor del Pueblo ya tiene un primer dictamen sobre la polémica circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía que da luz verde a los agentes a hacer redadas masivas de inmigrantes irregulares y que el Ministerio del Interior, a pesar de las críticas de abogados y sindicatos del cuerpo, se ha negado a modificar. Y ese dictamen es un rapapolvo a los juristas del departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba. Esas «confusas», «ambiguas» y «desordenadas» instrucciones para la captura de extranjeros, afirma el Defensor, «podrían interpretarse como una vía libre a detenciones preventivas sin fundamento».

La institución que preside en funciones María Luisa Cava de Llano asegura que las detenciones preventivas «son diferentes a las detenciones cautelares administrativas de la ley de extranjería en el marco de un procedimiento de expulsión ya en curso», por lo que no cabrían los arrestos de extracomunitarios, aunque no tengan papeles, «antes de que se inicie dicho procedimiento».